MADRID.- El PP ha decidido acelerar la creación de una oficina para luchar contra
la corrupción, impulsada en los estatutos en el congreso nacional y que
se aprobará en la próxima ejecutiva, ante los fallos constatados en el
caso de las denuncias internas contra Ignacio González, el expresidente madrileño hoy en prisión, según adelanta El País.
Al PP le llegaron varios avisos,
por distintas vías, sobre cuentas en Suiza de González y su
enriquecimiento, pero no hizo nada, excepto apartarle de la candidatura
para repetir en la Comunidad. La oficina anticorrupción del PP podrá
investigar este tipo de asuntos incluso de oficio.
“No somos la policía ni somos jueces para poder juzgar a
nadie ni para llevar a nadie ante los tribunales cuando no existen
pruebas y cuando además la persona (Ignacio González) y la organización,
en este caso el PP de Madrid, lo desmienten con rotundidad”.
Así
contestó esta misma semana en una entrevista el número tres
del PP, Fernando Martínez-Maillo, cuando se le preguntó por qué el
partido no había hecho prácticamente nada cuando le llegaron por varias y
diversas vías las sospechas de irregularidades y cuentas ocultas en
Suiza sobre el expresidente madrileño.
Fue casi idéntica a la justificación que ofrecieron, también
la pasada semana y en público, su antecesor en ese cargo de
vicesecretario nacional de Organización, Carlos Floriano, y el
secretario ejecutivo de Organización del PP, Juan Carlos Vera, cuando se
les demandó explicaciones sobre su actuación al recibir en distintas
ocasiones advertencias del exalcalde de Leganés Jesús Gómez, del mismo
partido, sobre las actividades sospechosas del presidente madrileño. El
PP se escudó en que citó a González, le preguntaron sobre esas
cuestiones y él las negó. “¿Qué más podíamos hacer si no somos la
policía, ni la fiscalía ni contratamos detectives privados?”, repitieron
para parapetarse.
El PP celebró entre el pasado 10 y 12 de febrero en Madrid
su 17º congreso nacional, tras cinco años sin convocarlo, con varios
asuntos otra vez relacionados con la corrupción sin resolver. Una de las
iniciativas promovidas por los organizadores del cónclave consistió en
proponer (artículo 50.3 de los remozados estatutos)
la creación “en el seno del comité nacional de derechos y garantías de
una subcomisión que, con carácter permanente, velará de manera especial
por el cumplimiento de las normas y compromisos a que han de ajustar sus
comportamientos los cargos públicos del partido”.
Abogados e independientes
En la primera idea para su formación se apostó por
seleccionar dos o tres vocales del comité ejecutivo nacional del PP,
bajo la presidencia del ya existente comité de derechos y garantías. Es
decir, muy integrada y controlada por la cúpula del partido y su
presidente, Mariano Rajoy.
El caso González y los errores cometidos han
ayudado a perfilar mejor esa nueva oficina anticorrupción, que ahora
quieren que la compongan entre dos y cinco militantes independientes, es
decir, que no ostenten ya cargos orgánicos o institucionales y que sean
abogados o vinculados al mundo del derecho, y que puedan actuar sobre
cualquier ámbito, por intermediación de terceros o de oficio y sin
denuncia previa. Ese grupo solo dependería, para elevar sus
conclusiones, del comité de derechos y garantías, que propondría las
respectivas sanciones o expulsiones.
Las competencias de esa nueva oficina previstas en los
estatutos incluyen desde “garantizar el cumplimiento de la normativa
sobre declaraciones de bienes y actividades que han de prestar los
cargos públicos del partido”, a redactar “el proyecto de declaración de
bienes y actividades de los cargos públicos del partido, que habrá de
someterse a la aprobación de la junta directiva nacional”. También
“velar por el cumplimiento de los compromisos que, como garantía del
respeto al programa electoral, asuman voluntariamente los candidatos y
cargos” y custodiar las declaraciones y documentos citados.
La dirección del PP se ha basado para confeccionar las
normas con las que funcionará esa oficina interna en lo redactado y
expuesto ya en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada en la primavera de 2015, y que se integró en el denominado Plan de Regeneración Democrática
que el Gobierno de Rajoy impulsó para contrarrestar su imagen de
inactividad ante la corrupción. El objetivo con la ley de los altos
cargos, y ahora con la figura del Compliance Officer en el PP,
es fijar principios más rigurosos de prevención y gestión de los
conflictos de intereses tanto para responsables del Ejecutivo como del
partido. Este tipo de oficinas se han impuesto en los últimos tiempos en
la mayoría de las grandes empresas privadas y su debate se discute
también para su implantación en las diversas Administraciones.
El PP de Valencia, una de las organizaciones territoriales
más afectadas por escándalos de sus cargos junto a la territorial
madrileña, también propugnó en su congreso regional la composición de
una oficina semejante, que está ahora por ultimar.
La dirección nacional del PP quiere acelerar ahora su puesta
en marcha coincidiendo con este rebrote de la corrupción que ha surgido
tras el caso de la moción de censura contra el expresidente de Murcia,
las derivadas de Gürtel, las ramificaciones de Púnica y, sobre todo, el caso González.
La orden dada por Rajoy a su partido, en esta ocasión, ha consistido en
pedir que se dé la cara, que se ayude en las investigaciones judiciales
y parlamentarias y que se comparezca lo máximo posible ante los medios
de comunicación para desterrar la imagen de acorralamiento.
Los populares están a la espera para su aprobación
definitiva de que se convoque, en las próximas semanas, un comité
ejecutivo nacional o incluso una junta directiva nacional, el máximo
órgano entre congresos, pero aún no han cerrado la fecha.
'Compliance', responsabilidad penal o disolución de un partido
En la reforma del Código Penal aprobada ya en el Congreso por impulso del Gobierno de Mariano Rajoy se introdujo la figura del Compliance Officer, que llegó primero por el mundo empresarial anglosajón.
Muchas empresas y multinacionales, tras la brutal crisis de Lehman
Brothers en 2008, asumieron la necesidad de un director de Cumplimiento
Normativo como un árbitro de vigilancia y control orientado a prevenir
la comisión de delitos.
El propio juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la semana
pasada en su participación en un seminario de la Deusto Business School
sobre Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona
jurídica y Compliance, alertó de que esa reforma penal podría
permitir, incluso, disolver todo tipo de empresas o partidos políticos
(salvo el Estado) si sus dirigentes incurren en determinados delitos.
Eloy Velasco recordó que ahora esos planes de prevención de delitos o
compliance son voluntarios aunque se premia al que los hace al
eximirles de acciones penales y al suavizar las multas en caso de
responsabilidad.
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