Bruselas reprocha a España la falta de medidas contra la corrupción

BRUSELAS.- España puede haber adoptado medidas para garantizar más transparencia en la financiación de los partidos políticos y luchar contra la corrupción pero la respuesta sigue siendo insuficiente. Ni tiene una estrategia preventiva adecuada para mitigar los riesgos de esta lacra ni legislación para proteger a los "denunciantes", ni normativa para regular las actividades de lobi, ni garantiza la independencia de la recién creada oficina de conflictos de interés, según El Periódico. 

Así figura en el documento de recomendaciones económicas por país publicado por la Comisión Europea este lunes en el que vuelve a urgir al Gobierno a adoptar medidas para fomentar los contratación indefinida y el control del gasto público. 

"Pese al auge de las investigaciones por corrupción que afectan a casos a nivel local y regional, no se han desarrollado estrategias preventivas específicas para mitigar los riesgos de corrupción a esos niveles ni ninguna estrategia compartida a todos los niveles del gobierno", reprochan poniendo por escrito la preocupación que existe por el sinfín de casos que han salpicado en los últimos años al Partido Popular, como la operación Lezo o el 'caso Gurtel', aunque no los menciona explícitamente.

La Comisión Europea reitera que aunque el Gobierno de Mariano Rajoy enmendó en el 2015 la ley de enjuiciamiento criminal para reducir los retrasos y limitar los plazos de la instrucción, "esta medida podría resultar en impunidad en los casos de corrupción complejos" para los que los límites temporales podrían no ser suficientes.

PARO, LA ASIGNATURA PENDIENTE

La otra gran lacra de la que no consigue librarse España es el paro. En Bruselas consideran que la reforma del mercado laboral y la moderación salarial han mejorado la situación, pero constatan de nuevo que el desempleo sigue siendo muy elevado, especialmente entre los trabajadores menos cualificados, lo mismo que la tasa de temporalidad, con demasiados contratos de "corta duración", y que algunos elementos de la reforma podrían disuadir a los empresarios de realizar contratos indefinidos por la incertidumbre en caso de disputa legal por un despido o las comparativamente elevadas indemnizaciones para los fijos.

De ahí que buena parte de las recomendaciones, que deben ser ahora validadas por el Ecofin, se centren en este aspecto. Bruselas pide medidas para impulsar la contratación de trabajadores indefinidos, para casar las necesidades de los empresarios con las de los solicitantes de empleo, para mejorar la coordinación entre los servicios de empleo regionales, corregir las disparidades regionales y la fragmentación de los sistemas de garantía de ingresos y mejorar las ayudas a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. La lista de deberes también incluye medidas para garantizar que la educación universitaria responde a las necesidades del mercado y abordar las disparidades entre las regiones.

Preguntado por la posible deriva a la izquierda que puede imprimir el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, el comisario Pierre Moscovici ha reiterado que no comenta decisiones nacionales pero ha advertido de que "sería ilusorio imaginar que disparar masivamente el déficit permitirá bajar el paro". Al contrario, ha avisado: "Volvería a llevar al país a desequilibrios y eso haría que volviéramos a una situación de sufrimiento".

REVISIÓN DEL GASTO PUBLICO

El análisis vuelve a reprochar a España la falta de un marco claro y consistente de licitaciones públicas, que garantice el cumplimiento legal y un elevado nivel de competencia y eficacia a través de mecanismos de control y recuerda que las medidas adoptadas en el 2017 para mejorar el sistema de supervisión todavía espera la aprobación parlamentaria. Además, Bruselas vuelve a recordar a España que sigue siendo uno de los países con menores ingresos por IVA de toda la UE, debido a la "extensiva aplicación" de exenciones y tipos reducidos a numerosos productos y servicios. Una situación que se reproduce también en materia de impuestos medioambientales. "Tasar la contaminación y el uso de recursos puede generar un incremento de los ingresos y conllevar beneficios sociales y medio ambientales importantes", recuerda censurando la dispersión normativa a nivel regional.

Aunque no pide explícitamente a España, como en ocasiones anteriores, que suba el IVA, sí mencionan la revisión del gasto público encomendada por el Gobierno a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La última de las recomendaciones pide al Gobierno que destine una inversión "adecuada y sostenible" en investigación e innovación y que aplique la ley de unidad de mercado.

Las tres recomendaciones

1-. La primera gran recomendación insta al Gobierno de España a garantizar el cumplimiento de la decisión de agosto del 2016, que marca la nueva senda de reducción del déficit para situarlo por debajo del 3% del PIB. Es decir, para empezar revisar la regla del gasto para evitar que haya una mala interpretación y una menor efectividad y, en segundo, adoptar medidas para que los mecanismos correctivos de la ley de estabilidad sean más automáticos, según fuentes comunitarias.

2-. La segunda recomendación pide al Gobierno medidas para fomentar las contrataciones indefinidas, para reforzar la coordinación entre los servicios regionales de empleo, los servicios sociales y los empleadores para casar mejor la oferta y la demanda, y también para abordar las disparidades regionales y la fragmentación de los sistemas de garantía de ingresos y mejorar las ayudas a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. También medidas para reforzar la formación de profesores.

3-. La tercera gran recomendación urge a las autoridades españolas a asegurar una inversión sostenible y adecuada en materia de investigación y desarrollo. Además, pide un refuerzo de la gobernanza en todos los niveles gubernamentales, y reclama una de las peticiones que invariablemente aparecen informe tras informe y que el Gobierno no ha dejado de ignorar como es la implementación de la ley sobre unidad de mercado tanto en la legislación actual como en la próxima.