MURCIA.- Podemos defiende mañana en la Asamblea Regional su Proposición de Ley
por la que se aprueban las Normas Reguladoras y se establece el
Procedimiento para la Aplicación del Régimen de Conciertos Educativos en
los centros privados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El
objetivo es el de poner en orden y regular de modo coherente el sistema
de conciertos educativos en nuestra región, para no hacer del derecho a
la educación pública y de calidad una mercantilización
El
Secretario General de Podemos y Portavoz del Grupo Parlamentario den la
Asamblea Regional, Oscar Urralburu ha afirmado que la Orden de
Concertación de centros Educativos del Gobierno Regional, establece que
se permita la concertación de las etapas no obligatorias en la región,
bajo el argumento de una supuesta demanda social, y se hace "sin la
creación de un Mapa Escolar que nos permita medir la oferta e
identificar la demanda".
Así, Urralburu, ha explicado que a día de
hoy 31 centros privados se han presentado, demandando subvenciones para
106 unidades de Bachillerato, y 16 centros para 84 de FP, además de
otros 8 grupos para FP Básica, por lo que por lo que "de aceptarse estas
cifras, el presupuesto de Educación concertada tendría que aumentar al
año un 10%, desde los 220 millones hasta los 240 millones de euros"
Ante
esto Urralburu ha preguntado que de "dónde va a sacar la Consejera de
Educación, Adela Martínez Chachá, ese aumento de presupuesto y por lo
tanto que se hace necesario saber qué recortes piensa aplicar a la
enseñanza pública para poder pagar la demanda social"
Además, ha
añadido, esta medida no cuenta con el respaldo de la Comunidad
Educativa, ya tanto las La CONFAPA, la FAPA, y las asociaciones y
sindicatos estudiantiles, así como la Asociación de Cooperativas de
Enseñanza de Murcia (UCOERM) ha manifestado que esta medida va a
resultar profundamente lesiva para el sistema educativo.
Urralburu
también se ha referido al argumento por parte del Gobierno del PP
respecto al respeto de "la libertad de elección de centro educativo por
parte de los padres", argumento que ha calificado de "falaz" dado que
"responde a una interpretación profundamente ideológica de la
legislación vigente, que no tiene en consideración el principio de
economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y que pudiera
responder a una visión mercantilista de la educación totalmente
contraria a los principios generales que deben motivar todo servicio
público"
Por lo que con la defensa de la Ley de Normas para la
Regulación de la concertación de Centros Podemos quiere "fijar las
mismas condiciones de supervisión y rendición de cuentas para la
justificación de las subvenciones provenientes de la concertación
educativa, que están establecidas en la Ley de Transparencia y la Ley de
Hacienda y de Presupuestos de la CARM"
Finalmente Urralburu ha
subrayado que "no podemos permitir que nadie se enriquezca a cambio de
prestar un derecho fundamental: pedimos para los centros concertados lo
mismo que pedimos para los centros públicos. El mismo control contable y
financiero y la misma rendición de cuentas".
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