CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Antonio Urbina, ha afirmado que la única forma
de mantener abierta la desaladora y hacerla útil para la Región de
Murcia es "cumplir con lo aprobado en el Pleno. Que la CARM denuncie los
lesivos contratos que se firmaron en la época de Valcárcel y que
demuestre que la desaladora ya está pagada, por tanto, es propiedad de
la Comunidad Autónoma y no se puede seguir destinando dinero público
para pagar a ACS".
Urbina ha señalado que la aprobación este jueves del dictamen no es
el final del trabajo sobre Escombreras, "es todo lo contrario. Es tan
sólo el inicio. Ahora empieza la obligación de cumplir con el dictamen
que es lo único que puede hacer viable la desaladora y que podamos
obtener de ella los 21 hectómetros cúbicos de su capacidad total. Si
esto no se cumple, Escombreras generará pérdidas insostenibles y habría
que cerrarla, tal y como ha avisado el Tribunal de Cuentas".
El diputado de Podemos ha explicado que tras un año de trabajo, más
de 5.000 folios de expediente y 36 comparecencias, queda demostrado que
se diseñó "una trama del gobierno de Valcárcel para engañar a la Región
de Murcia. Engaño, primero, con la promesa de agua. Constituyen el Ente
Público del Agua para saltarse la propia Ley de Aguas. Avalan con la
supuesta agua de Escombreras la construcción de 182 millones de metros
recalificados para ser urbanos, algo que nunca respaldó la CHS. Se
promete a los ayuntamientos agua que nunca iba a llegar, un total de
48Hm3, porque ni siquiera al 100% puede Escombreras ofrece la tercera
parte del agua prometida".
Además, Antonio Urbina ha incidido en que la trama diseñó la
desaladora para que "fuera la Comunidad Autónoma la que avalase la
construcción de la desaladora y la que diese respaldo a las posibles
pérdidas de las empresas privadas, concretamente a las del grupo COBRA
que pertenece a ACS".
Esto, ha añadido Urbina, "generó unos contratos
muy lesivos para los intereses públicos y los que han generado un enorme
lastre financiero alrededor de Escombreras. Por ello, exigimos al
gobierno del PP que los servicios jurídicos, marginados todos estos
años, denuncien los acuerdos alcanzados en la época de Valcárcel y que
se aporten los documentos que demuestran que la desaladora ya es de la
Región de Murcia y no se consienta llegar a pagos que pueden alcanzar
los 600 millones de euros por una infraestructura que costó algo más de
100".
El problema "ya no es sólo público" ha concluido el diputado de
Podemos, quien ha añadido que aparte de mejorar los problemas técnicos o
sacar la toma de agua de la desaladora fuera de la dársena de
Escombreras, lo que hay que solucionar es la íntima relación de las
empresas privadas, el gobierno del PP y la corrupción. El grupo ACS se
ha especializado en pelotazos a costa de lo público, como el caso
Castor. Por eso pedimos de manera rotunda defender los intereses de la
Región por delante de los de este tipo de empresas".
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