MADRID.- El Tribunal Supremo celebrará el
próximo 15 de febrero uno de sus plenos más mediáticos en el que
abordará la cuestión de las cláusulas suelo por primera vez desde que
Europa reconociera la plena retroactividad y obligase a la banca a
devolver las cantidades percibidas de más desde la firma del contrato.
Si bien fuentes jurídicas han señalado que los asuntos a tratar por la
sala de lo Civil que preside el juez Francisco Marín Castán no tienen
por qué afectar a la sentencia de Luxemburgo, los consumidores confían
en que el Alto Tribunal modifique doctrina y elimine de su jurisdicción
la limitación temporal de la devolución, fijada en mayo de 2013.
La presidenta de Asufin,
Patricia Suárez, se muestra optimista ya que cree que el Supremo acatará
la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y
reconocerá la plena retroactividad de todas aquellas cláusulas suelo que
no superen el control de transparencia.
Además,
opina que este nuevo escenario favorecerá a los clientes que
suscribieron una hipoteca de tales características y a los que una
sentencia firme les ha reconocido la recuperación de parte de las
cantidades consignadas, en tanto que el error original fue del Supremo y
no de los jueces que siguieron su doctrina.
El 9 de
mayo de 2013, el Alto Tribunal declaró la nulidad de las cláusulas suelo
cuando el consumidor no hubiera sido debidamente informado; un éxito
parcial para los afectados pues sólo obligaba a la banca a devolver las
cuantías a partir del día en el que fue dictado el veredicto.
Dicha posibilidad abrió la puerta a centenares de recursos de casación,
tanto por parte de las entidades como de los propios usuarios, cuya
tramitación fue suspendida el pasado abril a expensas de conocer la
opinión de los magistrados comunitarios.
Más de tres
años después y tras el toque de atención de Europa, el Supremo deberá
dilucidar cuáles son los criterios básicos de aplicación de un fallo, el
del TJUE, que muchos juzgados de Primera Instancia ya consideran en sus
sentencias.
Por lo pronto, BBVA ya ha avanzado que
devolverá el dinero de las cláusulas suelo "a la gente que tenga
derecho" lo antes posible una vez que el Supremo se pronuncie al
respecto, lo que podría traducirse en un impacto de hasta 1.200
millones, según ha explicado esta semana el presidente de la entidad,
Francisco González.
Desde Asufin entienden esta
postura como una señal de que la banca es consciente del futuro cambio
en la jurisdicción, a la que piden que resuelva el problema de quienes
firmaron acuerdos extrajudiciales.
El pasado martes,
el Congreso de los Diputados daba luz verde al real decreto ley que
establece una vía alternativa para el millón y medio de hipotecados que,
durante años, no se beneficiaron de las caídas del euríbor.
De ellos, quienes suscribieron un contrato con estas cláusulas en
alguna de las cajas que hoy conforman Bankia ya pueden, desde el
viernes, acogerse a la medida extrajudicial puesta a disposición por la
entidad para devolver el dinero a cerca de 60.000 clientes (en torno al 3
% de sus hipotecas), procedentes en su mayoría de Canarias, La Rioja y
Ávila.
Una solución por la que también ha apostado el
Banco Mare Nostrum (BMN) y que ha sido bien acogida por asociaciones de
consumidores como Adicae, al considerar que agiliza un proceso que, de
acabar en los juzgados, demoraría aún más la devolución del dinero a los
perjudicados.
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