MADRID.- El PSOE ha solicitado hoy la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal,
para explicar en un pleno extraordinario el dictamen del Consejo de
Estado que apunta que el Ministerio tuvo responsabilidad en el accidente
del Yak-42, que causó la muerte de 62 militares en 2003.
El
Grupo Parlamentario Socialista han presentado esta iniciativa en un
escrito a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la
mañana de este sábado, para que se reúna la Diputación Permanente y
trate la convocatoria de ese pleno extraordinario.
En
concreto, el PSOE quiere conocer las "previsiones" del Gobierno tras su
publicación, cuyas conclusiones considera de "gravedad".
Fuentes
socialistas indican que la solicitud de un pleno extraordinario está
justificada "sobre todo después de que el Gobierno trate de enmascarar la destitución de (Federico) Trillo -ministro de Defensa cuando se produjo el accidente- como un relevo más de embajadores".
El exministro de Defensa desvinculó ayer su relevo como embajador en el Reino Unido del dictamen, al indicar que tiene intención de volver a ocupar su puesto como letrado en el Consejo de Estado tras comunicar al Gobierno en mayo su deseo de abandonar la Embajada.
Varios partidos y responsables institucionales han criticado la intención de Trillo de reincorporarse al Consejo de Estado tras la publicación del dictamen sobre el accidente.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, recibirá a la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42 el próximo martes, 10 de enero en la sede de su departamento.
Un mando informó del «alto riesgo»
del Yak-42 un mes antes del siniestro
Por otra parte hoy se ha sabido que la información sobre el «alto riesgo» de volar en aparatos «fletados en países de la antigua URSS» aportada por un teniente coronel a sus superiores un mes antes del siniestro del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles el 26 mayo de 2003, ha sido determinante para que el Consejo de Estado reconociera en su dictamen que la «administración militar» sabía de antemano el «riesgo que se corría».
Las 82 páginas de la resolución del Consejo de Estado, publicado hoy en el BOE, valora la «trascendencia» del informe remitido por el teniente coronel de Infantería (se omite su identidad) en cuanto puso en conocimiento de la «administración militar» una situación susceptible de generar consecuencias perjudiciales para la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas. «Por eso llamaba, cuando menos, a una comprobación o verificación de la realidad de los hechos que comunicó», señala el documento del organismo consultivo.
Las citadas menciones del oficial llegaron el 28 de abril de 2013, 29 días antes del accidente del Yak-42 en la localidad turca de Trabzon, cuando volvía de Afganistán con destino final a Zaragoza. El teniente coronel era el jefe de de un equipo del Centro de inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra.
Viajó a Kabul, capital de Afganistán, el 25 de marzo de y regresó el 5 de abril. En su informe interno sobre la comisión de reconocimiento -su cometido era instalar un software para el material de la unidad de inteligencia- expuso en un apartado las incidencias del transporte. Bajo el epígrafe 'Condiciones y propuestas' aparecen una serie de párrafos, y en octavo lugar se dice de forma textual: «Se están corriendo altos riesgos al trasportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso».
En en el cuatro párrafo también detalla la falta de anclaje
de la mayoría de los contenedores que se cargaban y al pésimo estado de
conservación de las ruedas, además de otras incidencias, como retrasos y
falta de disposición de la tripulación.
Sobre la trascendencia de este informe se pronunció el 15 de octubre de 2015 el General Jefe de la División de Operaciones (Estado Mayor del Ejército de Tierra), a quien el instructor del Consejo de Estado le remitió una notificación para que se pronunciara. Éste, tratando de minusvalorar su impacto, dijo que las valoraciones del teniente coronel no se hicieron en un informe sobre los riesgos en el transporte del personal y fueron emitidas respecto a un vuelo específico. Asimismo, recordó que «no poseía ninguna formación o conocimiento en seguridad aeronáutica y mantenimiento de aeronaves».
En cualquier caso, el dictamen del Consejo de Estado valora el aviso que dio del teniente coronel y recoge, además, para justificar que la «administración militar» conocía el «riesgo que corría» con estos aviones, otra comunicación de un capitán noruego a sus superiores por el mal estado de esa «chatarra» del Yak-42. Por todo ello, se concluye que «existen, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente».
Pese a que por vez primera un órgano estatal reconoce esta causalidad a diferencia de la vía judicial, cuyo juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó la causa por la contratación del avión, el Consejo de Estado desestima las reclamaciones de las víctimas para que considerase la responsabilidad patrimonial del Estado. La razón es que ya hubo una reparación «adecuada de los daños y perjuicios ocasionados» (la Audiencia de Zaragoza resolvió 60.000 euros a la viuda o pareja de hecho del fallecido, 31.000 a cada hijo, 9.000 a los padres y 3.000 a los hermanos).
Con todos estos datos, el PSOE pidió hoy la celebración de una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, explique las previsiones del Gobierno tras el informe del Consejo de Estado. La iniciatica dirigida a la presidenta Ana Pastor fue firmada por el portavoz socialista Antonio Hernando.
De forma previa, Cospedal anunció que recibirá a la Asociación de Familiares de Víctimas este martes en el Ministerio y que comparecería en la Comisión de Defensa de la Cámara baja para dar explicaciones, aunque ahora el PSOE quiere que sea en un pleno extraordinario.
El exministro de Defensa desvinculó ayer su relevo como embajador en el Reino Unido del dictamen, al indicar que tiene intención de volver a ocupar su puesto como letrado en el Consejo de Estado tras comunicar al Gobierno en mayo su deseo de abandonar la Embajada.
Varios partidos y responsables institucionales han criticado la intención de Trillo de reincorporarse al Consejo de Estado tras la publicación del dictamen sobre el accidente.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, recibirá a la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42 el próximo martes, 10 de enero en la sede de su departamento.
Un mando informó del «alto riesgo»
del Yak-42 un mes antes del siniestro
Por otra parte hoy se ha sabido que la información sobre el «alto riesgo» de volar en aparatos «fletados en países de la antigua URSS» aportada por un teniente coronel a sus superiores un mes antes del siniestro del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles el 26 mayo de 2003, ha sido determinante para que el Consejo de Estado reconociera en su dictamen que la «administración militar» sabía de antemano el «riesgo que se corría».
Las 82 páginas de la resolución del Consejo de Estado, publicado hoy en el BOE, valora la «trascendencia» del informe remitido por el teniente coronel de Infantería (se omite su identidad) en cuanto puso en conocimiento de la «administración militar» una situación susceptible de generar consecuencias perjudiciales para la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas. «Por eso llamaba, cuando menos, a una comprobación o verificación de la realidad de los hechos que comunicó», señala el documento del organismo consultivo.
Las citadas menciones del oficial llegaron el 28 de abril de 2013, 29 días antes del accidente del Yak-42 en la localidad turca de Trabzon, cuando volvía de Afganistán con destino final a Zaragoza. El teniente coronel era el jefe de de un equipo del Centro de inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra.
Viajó a Kabul, capital de Afganistán, el 25 de marzo de y regresó el 5 de abril. En su informe interno sobre la comisión de reconocimiento -su cometido era instalar un software para el material de la unidad de inteligencia- expuso en un apartado las incidencias del transporte. Bajo el epígrafe 'Condiciones y propuestas' aparecen una serie de párrafos, y en octavo lugar se dice de forma textual: «Se están corriendo altos riesgos al trasportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso».
Sobre la trascendencia de este informe se pronunció el 15 de octubre de 2015 el General Jefe de la División de Operaciones (Estado Mayor del Ejército de Tierra), a quien el instructor del Consejo de Estado le remitió una notificación para que se pronunciara. Éste, tratando de minusvalorar su impacto, dijo que las valoraciones del teniente coronel no se hicieron en un informe sobre los riesgos en el transporte del personal y fueron emitidas respecto a un vuelo específico. Asimismo, recordó que «no poseía ninguna formación o conocimiento en seguridad aeronáutica y mantenimiento de aeronaves».
En cualquier caso, el dictamen del Consejo de Estado valora el aviso que dio del teniente coronel y recoge, además, para justificar que la «administración militar» conocía el «riesgo que corría» con estos aviones, otra comunicación de un capitán noruego a sus superiores por el mal estado de esa «chatarra» del Yak-42. Por todo ello, se concluye que «existen, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente».
Pese a que por vez primera un órgano estatal reconoce esta causalidad a diferencia de la vía judicial, cuyo juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó la causa por la contratación del avión, el Consejo de Estado desestima las reclamaciones de las víctimas para que considerase la responsabilidad patrimonial del Estado. La razón es que ya hubo una reparación «adecuada de los daños y perjuicios ocasionados» (la Audiencia de Zaragoza resolvió 60.000 euros a la viuda o pareja de hecho del fallecido, 31.000 a cada hijo, 9.000 a los padres y 3.000 a los hermanos).
Con todos estos datos, el PSOE pidió hoy la celebración de una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, explique las previsiones del Gobierno tras el informe del Consejo de Estado. La iniciatica dirigida a la presidenta Ana Pastor fue firmada por el portavoz socialista Antonio Hernando.
De forma previa, Cospedal anunció que recibirá a la Asociación de Familiares de Víctimas este martes en el Ministerio y que comparecería en la Comisión de Defensa de la Cámara baja para dar explicaciones, aunque ahora el PSOE quiere que sea en un pleno extraordinario.
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