Nuevo salto
cualititativo en el caso Bankia. Entre los expertos se considera difícil
demostrar que las cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores tuvieran conocimiento de los informes internos
de los inspectores del Banco de España. El escrito de José Antonio
Casaus recientemente incorporado a la causa en el que veía inviable el
futuro de Bankia, sólo hacía mención a que su superior se reuniría con
posterioridad con el subgobernador del Banco de España para tratar la
situación del grupo BFA-Bankia.
Pero
de los ya famosos emails de Casaus no se puede desprender que tanto
el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
como al expresidente de la CNMV, Julio Segura, hubieran tenido
acceso a los correos enviados por él. De admitirse la propuesta de
investigación podría suponer una revolución en el sistema de
supervisión del sistema financiero español.
Además de las
personalidades mencionadas, la Confederación Intersindical de
Crédito(CIC) pide también el procesamiento del exvicepresidente
de la CNMV y del actual subgobernador del Banco de España, Fernando
Restoy; la del ex subgobernador y miembro actual del supervisor
europeo, Javier Arístegui y la del exdirector general de
Supervisión, Jerónimo Martínez Tello.
A ellos habría que
añadirle más personas que en la actualidad ejercen puestos
relevantes en el Banco de España, como Mariano Herrera
García-Canturri, quien fuera director del FROB, coordinador del
departamento de Cajas de Ahorro y ahora responsable de la Dirección
General de Supervisión del Banco de España.
También lo pide para
Pedro González, Director del Departamento de Cajas de Ahorros en el
Banco de España y a Pedro Comín, quien fuera jefe de grupo a cargo de la
supervisión de BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa y en
la actualidad adjunto al director general.
Esta nueva
petición de CIC, que ejerce la acusación popular en el caso Bankia,
coincide con el reconocimiento entre algunos responsables
populares de que en la inspección del Banco de España no se ha
producido ningún cambio en la norma pese a la Proposición No de Ley
(PNL) que ellos plantearon en el 2011 para mejorar el sistema.
Recuerdan
que los argumentos que recogieron en la exposición de motivos
de aquella PNL, que firmaba la entonces portavoz parlamentaria,
Soraya Sáenz de Santamaría, siguen actualmente vigentes, con el
riesgo de que se ha demostrado la falta de transparencia por parte
del supervisor.
Decían entonces los portavoces del PP que
pese a la importancia de las normas de regulación de las
actividades de supervisión, inspección y control de las
entidades de crédito, “en la mencionadas leyes se dejó de regular
de manera clara la finalidad de las actuaciones inspectoras, el
contenido de las mismas, el procedimiento de la inspección y los
actuarios intervinientes en dichas actividades, así como su
grado de autonomía e independencia en el ejercicio de su
función”.
Uno de los históricos inspectores del Banco de
España resume la propuesta diciendo que a diferencia de lo que
ocurre con los inspectores de Hacienda o en los procedimientos
judiciales, en la inspección del Banco de España no estaba
regulado el procedimiento de la inspección.
Ahora, tras los
contundentes correos del inspector jefe del Banco de España en la
supervisión de Caja Madrid y BFA-Bankia, consideran que es
obligado legislar al respecto.
En cambio, en el sector
jurídico y financiero se apunta que resulta necesario conocer el
tenor de la nueva comparecencia de los peritos designados por el
Banco de España para auxiliar al juez Fernando Andreu en la
investigación sobre la salida a bolsa de Bankia.
Los
expertos consideran que tras las conclusiones de José Antonio
Casaus, advirtiendo a sus superiores de que el modelo diseñado
para la salida a bolsa separando BFA de Bankia no era viable, si los
peritos judiciales cedidos por el Banco de España a la Audiencia
Nacional se ratifican en sus conclusiones iniciales, la
investigación en el proceso de instrucción debería dar un
vuelco.
Conviene recordar que en su segundo informe ante el
juez Andreu, los peritos cedido por el Banco de España Víctor Sánchez y
Antonio Busquets, ya criticaron con extrema dureza a los expertos
contratados por las partes para rebatir la idea de que la entidad
había maquillado las cuentas para poder estrenarse en el parqué
madrileño el 20 de julio de 2011.
Los peritos judiciales,
Víctor Sánchez y Antonio Busquets, insistían en que las cuentas de
Bankia no reflejaban la imagen fiel de la entidad. En el folleto de
la emisión se anunciaba un beneficio de 253 millones de euros en
el ejercicio fiscal del 2011 cuando la corrección de las cuentas,
finalmente arrojarían unas pérdidas efectivas de 3.030 millones.
Si
a estos testimonios se añadiera que los correos del inspector
José Antonio Casaus eran conocidos por las cúpulas de los dos
organismos supervisores, probablemente estaremos más cerca de
su procesamiento, pero el sistema de inspección de las
entidades financieras en España sufriría un shock. Que por cierto
había vaticinado el partido en el poder que no se ha hecho caso a sí
mismo.
(*) Periodista
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