Solo los necios o los muy sectarios pueden dudar del deterioro que en
materia social y económica ha sufrido nuestro país en los últimos ocho
años. El hecho de que en estos momentos estemos creciendo por encima de
la mayoría de los países de la Eurozona no debe restar un ápice a la
evidencia de las grietas que persisten en nuestro tejido económico y
social.
Las elevadas cifras de paro dilapidan nuestro potencial de
crecimiento y condenan a parte de la población a la indigencia. Aun
cuando en los dos últimos años se esté creando empleo, este es de tan
baja calidad y tan precario que ha originado un fenómeno nuevo, la
compatibilidad entre poseer un puesto de trabajo y la permanencia en el
umbral de la pobreza. Los salarios en el sector privado, especialmente
en el caso de las nuevas colocaciones, han descendido sustancialmente.
Los empleados públicos han visto reducido por término medio cerca de un
10% su poder adquisitivo, llegando en algunos casos al 15%. El mercado
de trabajo se ha desregulado considerablemente, arrebatando a los
trabajadores multitud de garantías y derechos. Los servicios públicos
(sanidad, educación, etc.) se han deteriorado. Por primera vez desde
hace muchos años, las pensiones han perdido poder adquisitivo y, lo que
es aun más grave, se ha aprobado una ley que desliga la evolución de
estas prestaciones en el futuro de los incrementos en el coste de la
vida. La deuda pública (es decir, la hipoteca que pesa sobre todos los
españoles) ha pasado de representar el 36% del PIB a exceder el 100% de
esta magnitud.
El catálogo podría continuar, pero creo que lo dicho constituye una
muestra suficiente para dar la razón a todos aquellos que denuncian la
desigualdad, la pobreza y la precariedad originadas, y los sufrimientos y
calamidades que se le ha hecho padecer a una gran parte de la sociedad
española. Lo que resulta más dudoso es determinar el origen de todos
estos males. Para los partidos de la oposición la cosa está muy clara,
se debe a la perversidad de Rajoy y sus seguidores que durante cuatro
años han practicado políticas regresivas e inicuas. No seré yo el que
exima de responsabilidad al Gobierno del PP, pero lo peor que podemos
hacer al enfocar cualquier tema es equivocarnos, aunque sea
parcialmente, en la determinación de la causa, o quedarnos en la
superficie sin profundizar en el fondo de la cuestión, y en este caso la
explicación de la maldad de la derecha me parece pobre e incompleta.
Ojalá todo el problema derivase de la ofuscación de este Gobierno; la
solución, entonces, estaría en nuestras manos, consistiría
exclusivamente en echarlo, antes o después, del poder. Pero la realidad
es tozuda y hay múltiples señales de que la cosa no es tan sencilla. Los
recortes y las reformas comenzaron con otro gobierno, y teóricamente de
izquierdas, el de Rodríguez Zapatero. Mientras gobernaba, surgió el
movimiento 15-M. Fue él quien realmente redujo el sueldo de los
funcionarios. A diferencia de suprimir la paga extraordinaria, tal como
hizo después el PP, que solo tenía vigencia para un año, la rebaja que
aplicó Zapatero se consolidaba para años sucesivos, como así ha
ocurrido. También fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que planteó
una reforma laboral, si bien posteriormente Rajoy la endureció. El PSOE
privó por primera vez a las pensiones de la actualización por el índice
del coste de la vida, aunque es verdad que el PP eliminó este derecho
para el futuro. Por último, Rodríguez Zapatero arrastró al PP a
modificar la Constitución para anteponer el pago de la deuda al pago de
las pensiones, del seguro de desempleo y al mantenimiento de la sanidad y
de la educación.
El PP participó entonces de la misma simpleza que ahora demuestra el
PSOE. La culpa era de Rodríguez Zapatero, y todo se solucionaría cuando
cambiase el Gobierno. El Gobierno cambió y Rajoy se vio obligado a
incumplir todas las promesas que había hecho en la oposición, y a
continuar, incluso endureciendo, la política del gobierno anterior.
Desde hace bastantes años, es una gran necedad centrar la solución de
los problemas sociales y económicos exclusivamente en el cambio de
gobierno. Por eso en Europa cambian todos los gobiernos, pero se sigue
aplicando la misma política. Por eso Hollande, socialista, realiza en
Francia, contra viento y marea, una reforma laboral similar a la que
aprobó Rajoy en España. Por ello Syriza no ha tenido más remedio que
tragarse todo lo dicho anteriormente, y está aplicando una política
totalmente contraria a la que había prometido. Por la misma razón,
Portugal tiene que tener sumo cuidado porque está al borde de que su
deuda pase a la categoría de bono basura en la única agencia de
calificación que aún no le ha dado esta puntuación, con lo que se vería
en la obligación de pedir de nuevo el rescate.
La explicación se encuentra en que desde la configuración de la Unión
Monetaria nuestra soberanía está limitada y, en buena parte, la
política no depende del gobierno de turno sino de otras instancias, de
Berlín, Frankfurt y Bruselas. Al no contar ni con una moneda ni con un
banco central propios, quedamos al albur de los mercados y del Banco
Central Europeo. Este organismo no solo dicta la política monetaria sino
también la fiscal y la laboral, y sus mandatos son de obligado
cumplimiento. Y eso en todos los países; tanto en los rescatados, como
en los que por el momento no lo están, porque la línea divisoria entre
ambos grupos es muy tenue y el tránsito de una categoría a otra es muy
fácil, dependiendo únicamente de la voluntad del BCE, como comprobaron
Italia y España cuando estuvieron al borde del rescate porque su prima
de riesgo superaba los 600 puntos básicos.
La corrección de cualquier desequilibrio en la Unión Monetaria
significa sangre, sudor y lagrimas para el país que lo sufre porque, al
no poderse corregir en el plano monetario, el cortocircuito se
trasladará a la economía real, en forma de paro, reducción de salarios y
recortes fiscales. He aquí la perversidad de la moneda única. Por esta
razón, entre otras, algunos nos posicionamos radicalmente en contra de
la Unión Monetaria. Era evidente que a partir de la desaparición de la
peseta el coste de corregir la menor perturbación que se originase
correría a cargo de los trabajadores. Lo que no se entiende muy bien es
que aquellos, bien personas u organizaciones, que defendieron con ahínco
la creación del euro, ahora se hagan los sorprendidos y se rasguen las
vestiduras por las consecuencias.
La experiencia ha confirmado las expectativas más pesimistas. Los
nefastos Gobiernos de Aznar y el primero de Zapatero permitieron que
nuestro déficit exterior se desbocase, llegando a alcanzar en 2008 el
10% del PIB. Este desequilibrio continuado y progresivo -que originó la
acumulación de una ingente deuda exterior de carácter privado- no se
hubiera producido, al menos en esas magnitudes, de no haber estado
España en la Unión Monetaria, y, en todo caso, (en la medida en que se
produjese) se habría corregido con la devaluación monetaria, tal como
sucedió en los primeros años noventa. La carencia de moneda propia y de
un banco central que la respalde dejo a nuestra economía en manos de los
mercados financieros y del BCE. Todo ajuste se traduce en descenso de
los costes laborales y en recortes presupuestarios.
No tengo nada en contra de que los partidos de la oposición critiquen
y censuren al Gobierno de Rajoy, con tal de que no se olviden de las
trabas y rémoras que se derivan de nuestra participación en la moneda
única. Su afán por atacar al PP y su respaldo a la Unión Monetaria
pueden conducirles a esconder la trampa que representa la pertenencia a
la Eurozona. Causa sorpresa el constatar que todos sus planteamientos se
realizan ignorando esta realidad y partiendo de cero, como si fuésemos
absolutamente soberanos. Cabe por tanto preguntarse si esta postura se
debe a la ignorancia o a una hipocresía deliberada orientada a prometer
(o exigir a otros) medidas que saben de sobra que son irrealizables, al
menos mientras pertenezcamos a ese club tan selecto y exclusivo.
(*) Interventor y Auditor del Estado. Inspector del Banco de España
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