MADRID.- El Partido Popular se expone a la pérdida del Gobierno de Murcia, uno de sus feudos históricos, tras el nuevo informe que ha elaborado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta implicación del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.
Al menos tres reuniones y un borrador le ponen contra las cuerdas. Los
expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que el
dirigente del PP, que gobierna en minoría con el apoyo de Ciudadanos, habría acordado la utilización de fondos públicos para
que empresas de la trama mejoraran su reputación 'online' meses antes
de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, cuando aún era consejero
de Educación.
El informe de la UCO también apunta a la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP Pilar Barreiro, que como adelantó este diario adjudicó una campaña de publicidad por valor de 3.200 euros más IVA a la red de diarios de Alejandro de Pedro, administrador de las empresas Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, investigadas por su relación con la trama. El instructor de la causa, el juez Eloy Velasco,
tiene la última palabra sobre la calificación de los hechos descritos
en ese informe, que será entregado este martes a todas las partes
personadas en el procedimiento.
Un informe de situación
La
acusación contra el presidente de Murcia, adelantada por la Cadena Ser,
gira sobre un documento localizado precisamente en un ordenador de De
Pedro. Se trata de un informe de situación elaborado por el
empresario sobre la imagen que tenía Sánchez, en torno a septiembre de
2014, en los principales buscadores de internet y redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube.
El nombre del presidente popular aparece en repetidas ocasiones en ese
documento. De Pedro lo utilizó como carta de presentación para conseguir
que Sánchez se convenciera de que necesitaba contratar sus servicios.
El acuerdo iba a sellarse en el otoño de 2014, pero el estallido de
Púnica, en octubre de ese año, frustró la firma.
De las conversaciones telefónicas
intervenidas por la UCO se desprende que De Pedro esperaba facturar al
jefe del Ejecutivo regional 3.000 euros al mes, la tarifa que
cobraba habitualmente por esos servicios, y que el político ya estaba
decidido a contratarlo. Supuestamente, los trabajos de Eico y Madiva
iban a centrarse en promocionar las noticias positivas que Sánchez
generaba por su labor como responsable de la cartera de Educación. Pero
la UCO le acusa de recurrir a Púnica para tratar de mejorar su imagen personal empleando fondos del presupuesto autonómico, aunque no llegara a realizarse ninguna transferencia.
Citas en Madrid y Murcia
El
borrador localizado en el ordenador del experto en reputación 'online' y
las intervenciones telefónicas no son los únicos indicios que vinculan a
Sánchez con Púnica. El presidente del Gobierno murciano se reunió al menos dos veces en Madrid con De Pedro. Sánchez llegó a esas citas acompañado justamente de Barreiro, la otra dirigente del PP
señalada por el informe de la UCO. El encargado de presentarlos fue
otro imputado en Púnica, el promotor inmobiliario y antecesor de
Barreiro en el Ayuntamiento de Cartagena José Antonio Alonso,
del Partido Socialista. En esos momentos, Alonso trabajaba consiguiendo
clientes para De Pedro y los políticos del PP querían serlo.
Esas
dos reuniones en Madrid sirvieron como toma de contacto. Y solo unos
días antes de que se produjera el estallido del caso, el equipo de
comunicación de Sánchez volvió a reunirse con el administrador de Eico y
Madiva. Esta tercera y última cita se produjo en Murcia, y ha
sido documentada por los investigadores. El objetivo era perfilar los
detalles del servicio que iba a comenzar a disfrutar el futuro
presidente de Murcia. La operación de la Guardia Civil impidió que se
hiciera un solo trabajo. La información difundida por el Ejecutivo regional este
lunes, en la que aseguraba que no había pagos ni contratos con Púnica,
se ajusta por tanto a la realidad. Pero eso no impide, a juicio de los
investigadores, que Sánchez infringiera varios preceptos del Código
Penal.
El caso de Pilar Barreiro es
ligeramente distinto. La UCO también la acusa de malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias y fraude a la Administración,
entre otros delitos, por haber adjudicado durante su etapa como
alcaldesa de Cartagena una campaña de publicidad municipal a De
Pedro. Los anuncios aparecieron en los diarios del empresario. Sin
embargo, los investigadores han concluido que, en realidad, ese encargo
ocultaba trabajos para mejorar la reputación personal de Barreiro, que
debieron ser abonados por ella misma o por el PP. Pero la principal
diferencia de Barreiro con Sánchez es que la candidata al Senado por Murcia en las próximas generales llegó a pagar varias facturas al empresario de un acuerdo que sumaba un total de 3.200 euros más IVA.
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