MADRID.- El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha sido desvelado por la 'Cadena Ser', señala que el presidente Pedro Antonio Sánchez
"habría incurrido en un supuesto delito de "fraude en materia de
contratación pública en relación a los supuestos trabajos
reputacionales" con empresas de la trama Púnica
lideradas por Alejandro de Pedro, "los cuales habrían sido sufragados
indiciariamente con fondos públicos, en el marco de un eventual contrato
en materia de 'formación'". El informe implica también al jefe de
gabinete del presidente regional, David Conesa.
En el caso de Pilar Barreiro, la
UCO entiende que pudo haber cometido delitos de "malversación de fondos
públicos y tráfico de influencias". Implica también a miembros del
gabinete que tenía cuando era alcaldesa de Cartagena.
Según la Ser,
el informe de 66 páginas y 400 más de anexos señala que Sánchez alcanzó un "concierto" con el empresario
de la trama Púnica Alejandro de Pedro por el que pagaría 4.600 euros al
mes durante ocho meses para mejorar su imagen, un total de 32.000 euros
Según
el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco,
"está comprobado que en octubre de 2014 se concertó esa adjudicación,
que finalmente no se llevó a cabo porque lo impidieron las actuaciones
policiales y judiciales desarrolladas a finales de ese mes".
La Guardia Civil considera comprobado que el presidente regional y entonces consejero de Educación concertó esa adjudicación para lograr la candidatura a las elecciones autonómicas y que esta finalmente no se llevó a cabo porque lo impidieron las actuaciones policiales y judiciales. La Benemérita le atribuye un presunto «delito de fraude en materia de contratación pública». En el caso de Pilar Barreiro, la Guardia Civil aprecia indicios de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Según detalla La Verdad, los agentes han conseguido abundante documentación que demostrarían la existencia del acuerdo entre Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso -exalcalde de Cartagena- y Pedro Antonio Sánchez, entre los que destacan multitud de correos eléctronicos y llamadas telefónicas interceptadas con autorización judicial. Unos indicios que apuntan a la existencia de un supuesto delito de fraude contra la administración pública.
Los especialistas de la Guardia Civil pudieron constatar, e incluso grabar, las reuniones que Sánchez habría mantenido en un hotel de Madrid con De Pedro, a las que asistió acompañado de la entonces alcaldesa de Cartagena y amiga íntima de José Antonio Alonso, Pilar Barreiro, para definir los términos de los trabajos de mejora de imagen en las redes sociales.
Por su parte, David Conesa Ferrer, personal del Gabinete de Sánchez en el Gobierno regional, también sería sospechoso, según la UCO, de otro presunto delito de fraude en contratación pública, «en relación al concierto para la adjudicación de supuestos trabajos reputacionales a Alejandro de Pedro a través de un contrato público de la Consejería».
Otros nombres que aparecen en dicho informe son los de Francisco de Asís Ferreño García, en su momento director de gabinete de la exalcaldesa de Cartagena, que habría incurrido en «un presunto delito de malversación de fondos públicos», y el de María del Mar Conesa Marchán, jefa de Secretaría Particular y Relaciones Externas, a la que la Guardia Civil atribuye el mismo delito.
Por último, el documento considera al conocido como 'el conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, y al exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, como «responsables de los supuestos delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias», en relación a estos hechos.
La Guardia Civil considera comprobado que el presidente regional y entonces consejero de Educación concertó esa adjudicación para lograr la candidatura a las elecciones autonómicas y que esta finalmente no se llevó a cabo porque lo impidieron las actuaciones policiales y judiciales. La Benemérita le atribuye un presunto «delito de fraude en materia de contratación pública». En el caso de Pilar Barreiro, la Guardia Civil aprecia indicios de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Según detalla La Verdad, los agentes han conseguido abundante documentación que demostrarían la existencia del acuerdo entre Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso -exalcalde de Cartagena- y Pedro Antonio Sánchez, entre los que destacan multitud de correos eléctronicos y llamadas telefónicas interceptadas con autorización judicial. Unos indicios que apuntan a la existencia de un supuesto delito de fraude contra la administración pública.
Los especialistas de la Guardia Civil pudieron constatar, e incluso grabar, las reuniones que Sánchez habría mantenido en un hotel de Madrid con De Pedro, a las que asistió acompañado de la entonces alcaldesa de Cartagena y amiga íntima de José Antonio Alonso, Pilar Barreiro, para definir los términos de los trabajos de mejora de imagen en las redes sociales.
Por su parte, David Conesa Ferrer, personal del Gabinete de Sánchez en el Gobierno regional, también sería sospechoso, según la UCO, de otro presunto delito de fraude en contratación pública, «en relación al concierto para la adjudicación de supuestos trabajos reputacionales a Alejandro de Pedro a través de un contrato público de la Consejería».
Otros nombres que aparecen en dicho informe son los de Francisco de Asís Ferreño García, en su momento director de gabinete de la exalcaldesa de Cartagena, que habría incurrido en «un presunto delito de malversación de fondos públicos», y el de María del Mar Conesa Marchán, jefa de Secretaría Particular y Relaciones Externas, a la que la Guardia Civil atribuye el mismo delito.
Por último, el documento considera al conocido como 'el conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, y al exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, como «responsables de los supuestos delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias», en relación a estos hechos.
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