MURCIA.- Ante el reciente anuncio de solicitud de indemnización por parte de
la junta de accionistas de Proyectos Emblemáticos de la Región de Murcia
(PREMURSA) al Gobierno regional por la inviabilidad del Parque Temático
Paramount, Ecologistas en Acción ha mostrado su rechazo rotundo y
considera indecente la exigencia puesto que la mercantil era consciente
de los riesgos asumidos al avanzar en una inversión con una más que
conocida inseguridad jurídica.
Ecologistas en Acción, que recuerda que un porcentaje de PREMURSA es precisamente el propio Gobierno regional, considera que no es de recibo que los murcianos paguemos ahora los platos rotos por la temeridad cometida por esta mercantil, que se lanzó a sabiendas a un proyecto conociendo de sobra la inseguridad jurídica existente, debida a la incomprensible ineptitud del Gobierno Valcárcel.
En este sentido, los ecologistas recuerdan que desde el año 2001, cuando el Gobierno de Valcárcel desprotegió de manera ilegal más de 12.000 has de terrenos protegidos en la Región de Murcia, era conocido por la sociedad murciana el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley del Suelo, y a lo largo de los once años que tardó en pronunciarse el Tribunal Constitucional, esta organización se encargó de recordar a la sociedad murciana y al Gobierno regional que era temerario avanzar en proyectos que se veían afectados por esta norma recurrida.
Por tanto, cuando PREMURSA adquirió los terrenos en Alhama y se lanzó a la conquista del proyecto de Parque Temático Paramount, y durante las diferentes fases de tramitación del mismo, sabía de sobra que parte del perímetro invadía la zona cuya inseguridad jurídica era manifiesta, y por tanto se debe considerar que decidieron asumir el riesgo.
Pero además, recuerdan desde la organización ecologista, la mercantil tuvo ocasión de modificar el proyecto y/o su ubicación, desde que en 2012 se pronunciara el Tribunal Constitucional y la organización ecologista advirtiera al Gobierno regional y al Ayuntamiento de la vuelta de los terrenos a su condición de protección ambiental. De hecho el proyecto sufrió modificaciones por otros motivos, pero PREMURSA decidió desoír las advertencias de los ecologistas y seguir tramitando un proyecto a sabiendas de la inseguridad jurídica existente.
Ecologistas en Acción, por otro lado, considera que si el proyecto está paralizado y no ha llegado a iniciarse, se ha debido más a la falta de inversores para un descabellado proyecto faraónico y de muy dudosa rentabilidad (como han advertido los ecologistas y expertos economistas en multitud de ocasiones) y no tanto a la propia inseguridad jurídica, presente desde el inicio de la tramitación.
Por ello, la organización considera que es indecente que PREMURSA se agarre a un clavo ardiendo, cuando la principal culpable de la situación es la propia mercantil que ha desoído cualquier advertencia y debe asumir hasta el final el riesgo de su descabellada apuesta.
No es de recibo, y mucho menos con la actual situación económica, que los ciudadanos tengamos que seguir pagando la temeridad de algunas mercantiles, que se lanzaron voluntariamente a descabellados e inviables proyectos, y que pretendan ahora socializar las pérdidas en vez de asumir el riesgo que adoptaron en su momento.
Respecto a la administración regional, la organización ecologista considera inaceptable que tras más de veinte años en el poder y con holgadas mayorías, el Partido Popular haya sido incapaz de cumplir con la Ley y aprobar definitivamente toda la planificación ambiental, de forma que se asegure la protección efectiva de los espacios y especies protegidas en la Región de Murcia, pero también de manera que se otorgue una seguridad jurídica con claros beneficios al interés público, ya que no sólo se evitará el coste a las arcas públicas de indemnizar la temeridad, sino que se atraerá inversores serios y no especulativos, que huyen de la inseguridad jurídica creada y mantenida por este irresponsable ejecutivo durante demasiados lustros.
Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Gobierno regional que además de no pagar indemnización a PREMURSA, se tome en serio la planificación ambiental e invierta los recursos económicos y de personal necesarios para que en el plazo de un año se disponga de los necesarios planes, que en algunos casos llevan más de 20 años de retraso y en otros casos suponen un coste económico por multas y reducción de partidas de inversión de Europa.
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