MURCIA.- Dos querellas presentadas simultáneamente
en la misma semana en que expira formalmente su mandato y debe quedar
en expectativa de una hipotética renovación. Y todo ello, además, en un
momento en que el Gobierno regional vive pendiente de una posible
imputación de su máximo responsable, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso
Auditorio' de supuesta corrupción.
Ese es el marco en el que ayer fueron interpuestas dos querellas
contra el Fiscal Superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, a
quien una desconocida y en apariencia recién constituida Asociación
Justicia y Libertad atribuye los supuestos delitos de tráfico de
influencias, contra la ordenación del territorio y falsedad documental, revela hoy en exclusiva el diario 'La Verdad'.
Una de las querellas haría
referencia a la construcción de la vivienda en la que reside Manuel
López Bernal con su familia desde hace más de treinta años. Los datos en
que se sustenta la denuncia parecen basarse en un dossier que ya
circuló por mentideros políticos regionales hace más de un lustro y en
el que, entre otras supuestas ilegalidades, se aseguraba que el chalé
había sido construido en zona protegida, talando numerosos árboles
existentes en la parcela original y que además toda la obra se había
acometido prácticamente sin documentación alguna: ni licencia ni
permisos del Ayuntamiento de Murcia. Igualmente se señalaba que López
Bernal habría estado eludiendo el pago de impuestos municipales al haber
declarado un volumen de edificación muy inferior al que en realidad
tendría el inmueble.
La querella que acaba de ser presentada en el TSJ apunta, según las
fuentes consultadas por este periódico, a que el hoy Fiscal Superior
habría contado en su día con la aquiescencia de quien, en aquella época,
en la década de los 80, ocupaba el cargo de alcalde de Murcia, el
socialista José Méndez, contra quien también se ha dirigido la acusación
de la Asociación Justicia y Libertad. Según el relato de hechos
recogido en la denuncia, el ex primer edil habría allanado el camino a
López Bernal para que pudiera cometer esas hipotéticas ilicitudes sin
que le acarrearan consecuencias administrativas o judiciales.
De esta forma, los querellantes consideran que López Bernal, su
esposa A.H.U. y el exalcalde Méndez habrían incurrido en presuntos
delitos de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y
falsedad documental. Entre otras medidas -señalan fuentes que han
tenido acceso a los documentos-, reclaman del tribunal que fije una
fianza de dos millones de euros y, al término del proceso, que se
proceda al derribo de la vivienda.
La segunda de las querellas que acaban de ser presentadas en el TSJ
tiene su base, del mismo modo, en otro dossier ya conocido respecto del
Fiscal Superior, que también comenzó a circular por algunos ámbitos hace
dos o tres años. Este asunto se refiere a la adjudicación de un
contrato para el diagnóstico y la atención a menores de edad víctimas de
abusos sexuales, que la Consejería de Sanidad y Política Social otorgó,
en torno al año 2012, a una asociación administrada por la hija de
López Bernal, M.L.H.
Los denunciantes vendrían a asegurar que la mencionada adjudicación
del concurso fue irregular, en clara vulneración de la legislación
administrativa, y que la hija del Fiscal Superior fue claramente
beneficiada frente a la otra mercantil que ofertó sus servicios. Una
circunstancia que solo se explicaría por los contactos que López Bernal
tendría en el seno de la Administración regional en virtud de su cargo.
La oferta ganadora se impuso por apenas unas centésimas, merced a la
puntuación obtenida en el capítulo económico, ya que la asociación rival
había obtenido una mejor valoración en los aspectos técnicos.
En esta ocasión, la querella se dirige contra López Bernal y su hija y
también contra el secretario general de la Consejería de Sanidad, el
popular Martín Quiñonero, a quien se atribuye haber maniobrado dentro de
ese organismo para garantizar la adjudicación del contrato a la
asociación escogida. Unos hechos que los denunciantes califican
jurídicamente como constitutivos de delitos de tráfico de influencias y
prevaricación.
El momento en el que han sido presentadas ambas querellas, justo
cuando expira el mandato de López Bernal al frente de la Fiscalía
Superior y en el que se juega su renovación por otros cinco años, apunta
a que no se trata de una circunstancia casual. Sobre todo teniendo en
cuenta que, a lo largo de los diez años que ha estado al frente de los
fiscales de la Región, ha encabezado una batalla sin precedentes contra
la corrupción y los «delitos de cuello blanco», algo que ya fijó como su
máxima prioridad en su discurso de investidura en 2006. En su ámbito
más íntimo, López Bernal habría manifestado su voluntad de repetir al
frente de la Fiscalía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario