MURCIA.- La Consejería de Hacienda y Administración Pública ampliará este año
con diez nuevas plazas los cuerpos de funcionarios de alto nivel
especializados en materia tributaria. El objetivo es reforzar los
trabajos de lucha contra el fraude, así como profesionalizar y dotar de
estabilidad al personal que realiza las tareas de investigación
tributaria.
El Gobierno continúa, con estas incorporaciones, reforzando las
unidades destinadas a la lucha antifraude, además de intensificando las
relaciones de intercambio de información con otras administraciones. Con
ello se mejoran los mecanismos de detección de conductas irregulares,
en el ámbito competencial de cada una de ellas.
La Consejería de Hacienda tiene convocado para abril el primero de
los exámenes de oposición para cubrir estas plazas, con la intención de
que en el último trimestre del año los nuevos funcionarios se sumen a
los 14 trabajadores que actualmente desempeñan las labores de
comprobación e investigación tributaria. Estos trabajos significaron en
2015 cerca de 12.400 actuaciones, por un importe superior a los 56
millones de euros.
La Comunidad Autónoma de Murcia y la Delegación Especial la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) conforman el Consejo
Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria,
para el intercambio de información, fundamentalmente sobre el IVA,
impuesto de Sociedades y tributos cedidos (impuestos sobre
transmisiones, sucesiones y donaciones).
Asimismo, periódicamente la hacienda regional intercambia información
tributaria con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a
través del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la
Gestión Tributaria, órgano colegiado en el que participan las
Comunidades Autónomas, que se encarga de coordinar la gestión de los
tributos cedidos, y al que se facilita en torno a 480.000 datos cada
año.
En el ámbito regional, existe desde 2012 un protocolo de colaboración
entre consejerías en materia de lucha contra la economía irregular,
para intercambio de información con datos relevantes que permitan
detectar conductas defraudadoras, una información que se pone en
conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que
durante el pasado ejercicio se remitieron un total de 12.000 datos.
Las consejerías firmantes de dicho protocolo fueron, en su día, las
de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo, Empresa e Innovación y la
de Educación y Universidades.
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