MADRID.-
El Ayuntamiento de Cartagena es el segundo de España que más se está
demorando en contestar una petición de información de la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril, sobre el registro de asociaciones locales,
formulada hace ya 423 días.
Otros cuatro ayuntamientos murcianos, Ceutí, La Unión, Mazarrón (por dos temas) y Totana, figuran entre las 36 administraciones locales españolas que más están tardando en contestar peticiones de la Defensora.
La que más se retrasa es la de Villapalacios, en Albacete, que desde hace 427 días no contesta sobre sus licencias urbanísticas.
La Comunidad Foral de Navarra, la Cámara de Comercio de Guadalajara y 36 ayuntamientos de varias provincias han sido calificados por la Defensora como "administraciones entorpecedoras" de su trabajo durante los últimos meses, porque no han respondido a sus requerimientos de información.
Según un informe de esta institución, las administraciones citadas son "entorpecedoras" porque "han dificultado u obstaculizado" su trabajo, "bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada".
De media, las administraciones han tardado en responder las solicitudes de información de la Defensora 85,08 días en 2015, frente a los 78,54 que se demoraron el año anterior.
Las más tardonas son las comunidades autónomas, 96,85 días de promedio (90,67 en 2014), que llegan hasta los 141,59 días de media en el caso de Baleares o los 128,51 de Canarias, frente a los 62 días que se retrasa el País Vasco o los 64,7 de Asturias.
Mientras tanto, las corporaciones locales emplean 95,14 días de término medio para responder a sus requerimientos, algo menos que en 2014, que fue de 95,61, y la Administración General del Estado tarda 76,81 días (66,37 el ejercicio anterior).
Respecto a los últimos meses, la Defensora señala el caso del Gobierno de Navarra, en concreto de su departamento de Presidencia, Función Publica, Interior y Justicia, que lleva 102 días para responder sobre una petición relacionada con el bienestar animal.
Y 117 días lleva también la Cámara Oficial de Comercio e Industria en Guadalajara para dar contestación a un asunto relativo a su régimen interno.
Otros cuatro ayuntamientos murcianos, Ceutí, La Unión, Mazarrón (por dos temas) y Totana, figuran entre las 36 administraciones locales españolas que más están tardando en contestar peticiones de la Defensora.
La que más se retrasa es la de Villapalacios, en Albacete, que desde hace 427 días no contesta sobre sus licencias urbanísticas.
La Comunidad Foral de Navarra, la Cámara de Comercio de Guadalajara y 36 ayuntamientos de varias provincias han sido calificados por la Defensora como "administraciones entorpecedoras" de su trabajo durante los últimos meses, porque no han respondido a sus requerimientos de información.
Según un informe de esta institución, las administraciones citadas son "entorpecedoras" porque "han dificultado u obstaculizado" su trabajo, "bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada".
De media, las administraciones han tardado en responder las solicitudes de información de la Defensora 85,08 días en 2015, frente a los 78,54 que se demoraron el año anterior.
Las más tardonas son las comunidades autónomas, 96,85 días de promedio (90,67 en 2014), que llegan hasta los 141,59 días de media en el caso de Baleares o los 128,51 de Canarias, frente a los 62 días que se retrasa el País Vasco o los 64,7 de Asturias.
Mientras tanto, las corporaciones locales emplean 95,14 días de término medio para responder a sus requerimientos, algo menos que en 2014, que fue de 95,61, y la Administración General del Estado tarda 76,81 días (66,37 el ejercicio anterior).
Respecto a los últimos meses, la Defensora señala el caso del Gobierno de Navarra, en concreto de su departamento de Presidencia, Función Publica, Interior y Justicia, que lleva 102 días para responder sobre una petición relacionada con el bienestar animal.
Y 117 días lleva también la Cámara Oficial de Comercio e Industria en Guadalajara para dar contestación a un asunto relativo a su régimen interno.
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