MADRID.- El Ministerio de Fomento
debería experimentar una "profunda reestructuración" con el fin de que
se centrara en planificar y organizar la construcción de
infraestructuras y los transportes, y no constituya un instrumento para
que "los políticos ganen votos".
Así lo propone un estudio publicado por Fedea que considera
que el Ministerio de Fomento "no está organizativamente diseñado para la
consecución de los objetivos que le corresponden".
"Por el contrario, permite a los políticos su utilización para
ganar votos y a las empresas obtener beneficios de contratos de
construcción y mantenimiento de obras de dudosa rentabilidad social",
indica el estudio, realizado por Ginés de Rus, catedrático de la
Universidad de las Las Palmas de Gran Canaria y profesor de la Carlos
III de Madrid.
En opinión del autor, Fomento no debería tener como misión la
de gastar dinero público para generar actividad económica y crear
empleo. "Su responsabilidad básica es planificar y organizar de la mejor
forma posible el sistema de transporte". Para ello, estima pertinente
determinar un "reparto más eficiente" entre las tareas y la inversión
pública y la privada.
No obstante, para cumplir con esta misión, el estudio
publicado por Fedea considera necesario abordar una "reestructuración
profunda" del Ministerio, que pasa por la supresión de su actual
estructura organizativa por modos de transporte. En su lugar, propone la
constitución de dos grandes divisiones dentro de Fomento.
Una primera estaría dedicada a "evaluar y priorizar" de forma
conjunta las inversiones en transportes. La otra, "independiente" de la
anterior, se centraría en el diseño, adjudicación y gestión de los
contratos, preferentemente de concesión al sector privado, "garantizando
que la inversión y la calidad y seguridad de la obra se fijen en
beneficio del interés general".
El estudio apunta además que esta nueva estructura de Fomento
requeriría de un regulador independiente que velara por los usuarios, y
la normativa de contratación, regulación y precios, entre otras.
El informe reconoce que esta reforma del Ministerio, el
principal organismo inversor del Estado, "sería ciertamente difícil de
llevar a cabo" y requeriría un acuerdo de todos los partidos políticos.
El autor realiza esta propuesta en el marco de su estudio 'La
política de infraestructuras en España: una reforma pendiente', en el
que denuncia la inexistencia de una política coherente en materia de
infraestructuras y transportes en España.
También señala que la actual estructura institucional
"favorece la gran obra pública sin la debida consideración de su
rentabilidad social" y que todo ello constituye el origen de "muchos de
los problemas" del sector.
"La política en esta área se ha distinguido por su miopía y su
falta de criterio económico y coordinación intermodal entre modos de
transporte", indica el informe.
Así, como "evidencia abundante" de que la planificación y la
gestión de las infraestructuras no responde a la maximización del
bienestar social, señala las "ineficiencias" del sistema y su "alto
coste económico", entre las que cita la "sobrecapacidad portuaria y
aeroportuaria, el "excesivo endeudamiento" de las dos empresas públicas
gestoras de infraestructuras (Adif y Aena, los "repetidos fracasos" de las concesiones de autopistas y una "deficitaria" inversión en AVE.
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