CARTAGENA.- La diputada regional socialista Consuelo Cano ha pedido a la
consejera de Sanidad, Encarna Guillén, "que dé instrucciones a los
servicios sanitarios para restablecer de inmediato las prestaciones
sanitarias a todos los habitantes de nuestra Región".
Para la
diputada, "las exigencias técnicas sanitarias de gestión y organización
necesarias, por otra parte indiscutibles, pueden adecuarse con
posterioridad, no son tan urgentes como para obstaculizar la atención
que se demanda desde ya", por lo que las dudas del Gobierno regional en
materia de atención sanitaria a los inmigrantes son, en su opinión,
"improcedentes e injustas".
Cano ha subrayado que la atención
sanitaria a inmigrantes es, ante todo, una cuestión de Derecho
Humanitario Internacional, "no se trata de una decisión graciosa del
Gobierno de España o de la Región de Murcia, o de cualquier otra
comunidad".
Y ha recordado, al respecto, que esos compromisos, que
no admiten demoras, "están rubricados en tratados de derecho
internacional suscritos por nuestro país".
Por ello, la
responsable socialista ha criticado al Gobierno regional y su decisión
de esperar "las directrices de Madrid" en materia de atención sanitaria a
inmigrantes.
"Pedro Antonio Sánchez afirmó hace unos días que por
encima de todo están las personas, y los inmigrantes son personas que
buscan una oportunidad, no podemos negar esa realidad".
Además, ha
añadido en comunicado de prensa, "su consejera de Sanidad aseguraba un
día antes que los inmigrantes sin papeles volverían a tener asistencia
sanitaria completa".
Ahora, ha lamentado la socialista, "tras las
declaraciones del ministro de Sanidad corrigiéndoles en sus intenciones
les entra el miedo y divagan o, lo que es peor, amenazan con otra
comisión de expertos, e inician la ya aprendida senda de dilataciones, y
confusión para diluir las anteriores decisiones en el humo de siempre".
"Para
los socialistas, la salud de la población no debería ser materia
contenciosa electoral", ha insistido Consuelo Cano, para quien es
"vergonzoso" que este asunto se despache por barrios, "aquí se atiende,
aquí no", mientras que se deja a los profesionales de la sanidad para
que les nieguen el pan a las personas necesitadas, contraviniendo la
esencia de su vocación y juramento.
"Si la obligación de atender a
la población inmigrante nos vincula con acuerdos signados por nuestro
país como miembro de la ONU, no es posible entender cómo se duda a estas
alturas sobre si se les atiende o no", ha señalado, de hecho, "el Real
Decreto Ley 16/2012 del Gobierno del Partido Popular en el año 2012
bordeaba peligrosamente esos acuerdos internacionales, un Gobierno al
que parecen preocuparle, sobre todas la cosas, los acuerdos económicos
de la Unión Europea", ha concluido.
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