CARTAGENA.- 'Alternativa Socialista' exige al Ayuntamiento de Cartagena que de manera inmediata promueva el cambio de clasificación del Plan Parcial Novo Carthago. En el PGOU actual, que está tumbado por los tribunales, se considera este espacio como Sistema General de Espacios Libres y ostenta la clasificación de suelo no urbanizable inadecuado.
"Desde Alternativa Socialista apostamos porque este espacio recupere al
menos la clasificación del PGOU de 1.986 que lo clasificaba de suelo no
urbanizable de protección del Mar Menor, con el objetivo de hacer más
complicado la reclasificación por parte de cualquier administración.
Asimismo,
instamos al Gobierno Regional que impulse un plan integral de mejora y
protección de los espacios protegidos del Mar Menor, que eliminen las
tentaciones urbanizadoras de esta zona y que incrementen las medidas de
vigilancia, mantenimiento y conservación de los espacios protegidos,
especialmente que incida en la pronta recuperación de las zonas dañadas
en el incendio de anteayer. Las siegas selectivas en el carrizal de Lo Poyo,
e incluso el pastoreo puntual de ganado, podrían mejorar la prevención
de estos espacios protegidos".
"El incendio, puede que provocado de parte de la zona de Lo Poyo,
constituye un desastre medioambiental que debemos lamentar todos, y que
nos debe llevar a tomar medidas de inmediato. Desde AS consideramos que
tanto la Comunidad Autónoma como los distintos ayuntamientos del Mar
Menor, deberían declarar en la laguna salada una moratoria urbanística
que impida nuevos desarrollos residenciales, que sobrecarguen de
edificaciones la ya de por si masificada zona del Mar Menor", dice AS en una nota de prensa.
"Lo
cierto es que este mes de julio está siendo un mes negro en cuánto a
incendios se refiere en el conjunto del Estado, y la CARM no ha quedado
al margen de este drama medioambiental. Desde Alternativa Socialista
pensamos que esta proliferación de incendios pudiera estar relacionada
con el reciente cambio legislativo impulsado por el gobierno del PP, que
en la práctica favorece las ansias especuladoras de carácter
inmobiliario.
El pasado 9 de julio de 2.015, el Congreso de los
Diputados aprobó, definitivamente, la nueva Ley de Montes con la que se
dejavía libre a las comunidades autónomas para la recalificación de
suelo que haya sufrido incendiossin que tengan que pasar los 30 años
marcados como plazo en la anterior ley de 2003 si hay motivos de interés
público a partir de una enmienda presentada por el Partido Popular y
que contó con el apoyo de UPyDy UPN y quita competencias a los agentes
forestales a la hora de denunciar delitos ambientales, que pasan ahora
a ser auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
La ley
afectará a más de 54% de la superficie del país, considerado suelo
forestal. Son 27,7 millones de hectáreas de las que dos terceras partes
son de propiedad privada.
Los colectivos ecologistas se han
posicionado en contra de la nueva ley, a la que acusan de herramienta
para "favorecer intereses privados". Desde Ecologistas en Acción, ANSE,
Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife destacan que la
intención del Gobierno del Partido Popular con la aprobación de esta
norma es "desregular y eliminar toda limitación a la hora de
desarrollarciertas actividades económicas y urbanísticas", concluye la nota de AS.
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