MADRID.- Una de las trabajadoras del entramado que investiga la operación
'Púnica', Esther Gutiérrez, admitió durante su declaración ante el juez
de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, haber concertado a principios de
2014 entre "siete u ocho citas" entre el presunto 'conseguidor' de la
red Púnica, Alejandro de Pedro, y el consejero en funciones de
Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
"Tenía que insistir varias veces y al final le recibía", dijo.
Gutiérrez
fue secretaria de dirección de una de las empresas vinculadas al
exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa (PSOE),
imputado en el procedimiento y socio del supuesto 'conseguidor' de
contratos de la trama, Alejandro de Pedro.
El Gobierno regional
madrileño negó el pasado enero "categóricamente" que Victoria estuviera
relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se
referían al "seguimiento de informaciones 'online' y servicios de
clipping" de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente,
Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de
todas las informaciones".
Velasco investiga a Victoria por tres
supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían
reclamado a la empresa Indra, y a la titular de Educación, Lucía Figar,
por contratos con dos empresas del presunto 'conseguidor' de la red
Púnica, Alejandro de Pedro, informaron hoy fuentes jurídicas.
La
actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria, que
declarará como imputado el próximo día 26 de junio, está relacionada con
la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la
Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó
presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la
Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros
que tendrían a De Pedro como destinatario.
En su declaración como
testigo, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez
preguntaron al expresidente de Indra, Francisco Javier Monzón, si ICM,
empresa dependiente de la Consejería de Presidencia, solicitó a la
compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros,
respectivamente.
El compareciente aseguró que no le constaban los
dos primeros y que el responsable de Operaciones de Indra, Santiago
Roura, imputado en la causa, le había trasladado que existía "una
situación un poco desagradable", en referencia al último pago de 10.000
euros. Según su versión, Martínez Nicolás reclamó este dinero aunque
nunca se llegó a pagar. A cambio, Indra le ofreció un trabajo a una de
las empresas de De Pedro, según consta en la declaración.
Durante
el interrogatorio, Monzón también aseguró no conocer a De Pedro "más
allá" de haberle saludado "una vez" en un acto y añadió que nunca vio
"ninguna irregularidad" en los contratos con la Comunidad de Madrid. En
concreto, Indra realizó un contrato con EICO, una de las empresas de De
Pedro, por un total de 12.000 euros.
En
relación con Figar, que también declarará el próximo día 26, el titular
del Juzgado Central de Instrucción nº 6 investiga contratos por
valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con
Madiva, otra de las empresas de De Pedro, para trabajos de
posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página
para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es'.
El
titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 también ha llamado a
declarar como imputados a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid
Mario Utrilla y José Miguel Moreno, que comparecerán los días 11 y el
18 de junio, respectivamente.
Asimismo, el consejero de Industria,
Turismo, Empresa e Innovación en funciones del Gobierno de Murcia, Juan
Carlos Ruiz, declarará con la misma condición y acompañado de su
abogado de confianza el próximo 22 de junio.
El juez Velasco
investiga en el 'caso Púnica' las "redes clientelares de tráfico de
influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados, y el empresario David Marjaliza, que se
hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos
de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de
octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".
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