CARTAGENA.- "MC
ha tenido conocimiento de que en una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia (421/15), dictada en el día de ayer, el procedimiento iniciado
por un empresario local ha arrojado un resultado general, puesto que no
entra a las razones particulares, sino que anula la aprobación del Plan
General del municipio por infringir la ley en su tramitación general", dice en un comunicado.
"Esta herramienta de planeamiento es quizás la que supone un mayor
ejercicio de responsabilidad por parte de un gobierno municipal, puesto
que condiciona el desarrollo futuro del municipio. Incluso el TSJ recoge
en sentencia que la actuación es especialmente grave por tratarse de
una localidad como Cartagena, con su importante patrimonio y
singularidad de sus barrios y diputaciones", prosigue.
En este caso afirma José
López "la sentencia no es firme pero si permite hacernos una idea de que
como ha funcionado el PP y Barreiro estos años, puesto que en el mayor
ejercicio de poder municipal, las prisas y las decisiones caprichosas
pueden suponer al municipio varios años de retraso en la planificación, e
importantes gastos de tramitación administrativa y judicial".
La lectura
de la sentencia afirma López "confirma lo que muchos sospechamos, que
las administraciones no están al servicio de los ciudadanos ni de los
territorios, sino de sus propios intereses. Está claro que la aprobación
de un plan ambiguo, incompleto e interesado es lo que quería el PP de
Cartagena, y que el PP regional no dudó en dársela para que su
organización pudiera seguir adelante con sus fines. Ahora el tribunal
les recuerda que no vale todo, que les falta rigor y que su actuación es
ilegal".
La formación cartagenera, a través de López, llama la atención
sobre el desarrollo del procedimiento "en la sentencia consta que el
Ayuntamiento de Cartagena no esgrimió argumentos propios en el
procedimiento, sino que hizo suyos los de la comunidad autónoma, lo cual
resulta extraño tratándose de un asunto de esta importancia, y a ambas
administraciones las condenan en costas. Por si los cartageneros no
pagáramos suficiente, un nuevo gasto por la negligencia del gobierno
saliente".
Dicho esto MC quiere ver la parte positiva y anuncia por boca
de López "esta sentencia abre dos puertas, una para estudiar la
posibilidad de exigir responsabilidades económicas a quienes hayan
impulsado esta tramitación, a los que MC repercutirá los gastos y costas
si resulta posible. Y la otra la de revisar la actuación del PP para
efectuar un planeamiento más sensato y poder recabar informes como el de
la confederación hidrográfica que es preceptivo y no estamos seguros de
que obre en el plan general ahora anulado. Si la justicia obliga a
anular el plan, MC lo tramitará de forma ordenada, sensata y en
beneficio de la ciudad y sus habitantes, y desde luego no lo usaremos de
modo coactivo contra ningún empresario o particular".
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