MURCIA.- Representantes de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclamaron en
rueda de prensa al gobierno central mayor presión en Bruselas en torno
al tema del veto ruso a los productos hortofrutícolas, después de
entrevistarse la semana pasada con la ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina.
En concreto, los agricultores criticaron «la falta de
valentía del Gobierno español en Bruselas», y el responsable de COAG de
frutas y hortalizas a nivel nacional, Andrés Góngora, solicita que se
utilice el fondo destinado a la crisis por el veto ruso para paliar el
desequilibrio en la balanza de mercado.
La reunión con la titular
de la cartera de Agricultura, según dijo, sólo comprometió 750.000 euros
para promoción del consumo de frutas y hortalizas de origen nacional,
pero para Góngora, «de nada sirve si en el supermercado no puedes
identificar el origen del producto».
La acción emprendida por el
presidente ruso Vladimir Putin es para los agricultores la principal
causa de la mala campaña de los cítricos. Según Góngora, los
agricultores no reclaman ayudas públicas, sino «herramientas para poder
reequilibrar un sector que ha sido alterado», como el caso de la
retirada de ciertas cantidades de productos del mercado para poder
mantener el precio de esos alimentos, y el aumento de las
compensaciones.
A la mala campaña de los cítricos se suman las del
brócoli -producto del que la Región de Murcia es la primera productora
de la Unión Europea- y tomate, según destacó durante la rueda de prensa el
presidente de COAG en la Región de Murcia, Miguel Padilla.
La otra
cara de la moneda la muestran el resultado de las cosechas de
calabacín, alcachofa, lechuga y limón, pero Padilla denuncia que en
agricultura extensiva se necesita poseer cuatro veces más tierra para
producir los ingresos de hace ocho o nueve años.
Otra crítica de
los agricultores murcianos es la competencia desleal que permite a la
Unión Europea a abrir sus mercados a productos de países
extracomunitarios cuyos procesos de elaboración y comercialización son
«menos rígidos» y, por lo tanto, permiten costes mucho menores que
los que se exigen en la Unión Europea.
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