BARCELONA/MADRID.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha negado
presiones políticas o planes de la entidad para absorber BMN, y ha
afirmado que su prioridad es cumplir los objetivos de su plan
estratégico 2012-2015, que incluyen acabar el año con una rentabilidad
del 10%.
Preguntado sobre presiones del Gobierno central en este sentido tras
una conferencia sobre los retos del sistema financiero español en Esade,
ha señalado que "no hay interferencia política en la entidad ni en
ningún tipo de operación particular".
"Estamos centrados en el cumplimiento del plan estratégico; no
estamos planteando ningún tipo de operación y no estamos teniendo ningún
tipo de presión por parte de nadie", ha aseverado.
Por otra parte, el Gobierno prevé proseguir con el proceso de enajenación de las entidades financieras de titularidad pública hasta enajenar la participación en Bankia y BMN a medida que las condiciones de mercado lo permitan y, en cualquier caso, respetando el plazo máximo de 2018 contemplado en el plan de reestructuración.
Así lo avanza el Ejecutivo en el Plan Nacional de Reformas, donde indica que ha continuado adoptando medidas de reforma del sector de las cajas de ahorros para finalizar la reestructuración de las de titularidad pública y se ha avanzado "de forma decisiva" en su plena recuperación e incorporación al sector privado.
Así, detalla que en 2014 se ingresó el primer pago de la venta de NCG a Banco Etcheverría Grupo Banesco, tras la formalización de su venta en 2013; se vendió el 7,5% de las acciones de Bankia y, tras ello, la participación del FROB en Bankia (a través de BFA) es del 62,43%; Catalunya Banc fue adjudicada a BBVA y, previamente, la entidad vendió la cartera crediticia Hércules a Blackstone; y Liberbank amortizó anticipadamente sus bonos convertibles contingentes ('CoCos').
Respecto a la reforma de la gobernanza de las cajas de ahorro, el Ejecutivo indica que se ha avanzado en la tramitación de normativa de desarrollo pendiente de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Se trata, en concreto, de una orden ministerial, sometida al trámite de audiencia pública hasta el 30 de abril, y de una circular del Banco de España cuyo trámite de audiencia pública ya ha finalizado. "Con la aprobación de estos proyectos finalizará el proceso de refuerzo de la gobernanza de las cajas de ahorros", asegura.
Asimismo, indica que el Banco de España lleva a cabo una intensa supervisión de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y controla su plan de negocio "para garantizar que los activos se enajenen en los plazos establecidos y con el menor coste posible para el contribuyente". En 2014, los esfuerzos se han centrado, fundamentalmente, en continuar con la desinversión prevista.
Por otro lado, con vistas a mantener la solvencia de las entidades financieras, el Ejecutivo indica que se ha avanzado "sustancialmente" en la trasposición de la Directiva de requerimientos de capital que, junto con el Reglamento, supone la implementación en España de los Acuerdos de Basilea III.
"Estas medidas potenciarán la solvencia de las instituciones financieras y contribuirán a reducir la probabilidad de ocurrencia de crisis financieras", asegura.
Por último, indica que en breve plazo se completará el paquete de transposición con la aprobación del Real Decreto de desarrollo de las obligaciones en materia de solvencia para empresas de servicios de inversión.
Por otra parte, el Gobierno prevé proseguir con el proceso de enajenación de las entidades financieras de titularidad pública hasta enajenar la participación en Bankia y BMN a medida que las condiciones de mercado lo permitan y, en cualquier caso, respetando el plazo máximo de 2018 contemplado en el plan de reestructuración.
Así lo avanza el Ejecutivo en el Plan Nacional de Reformas, donde indica que ha continuado adoptando medidas de reforma del sector de las cajas de ahorros para finalizar la reestructuración de las de titularidad pública y se ha avanzado "de forma decisiva" en su plena recuperación e incorporación al sector privado.
Así, detalla que en 2014 se ingresó el primer pago de la venta de NCG a Banco Etcheverría Grupo Banesco, tras la formalización de su venta en 2013; se vendió el 7,5% de las acciones de Bankia y, tras ello, la participación del FROB en Bankia (a través de BFA) es del 62,43%; Catalunya Banc fue adjudicada a BBVA y, previamente, la entidad vendió la cartera crediticia Hércules a Blackstone; y Liberbank amortizó anticipadamente sus bonos convertibles contingentes ('CoCos').
Respecto a la reforma de la gobernanza de las cajas de ahorro, el Ejecutivo indica que se ha avanzado en la tramitación de normativa de desarrollo pendiente de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Se trata, en concreto, de una orden ministerial, sometida al trámite de audiencia pública hasta el 30 de abril, y de una circular del Banco de España cuyo trámite de audiencia pública ya ha finalizado. "Con la aprobación de estos proyectos finalizará el proceso de refuerzo de la gobernanza de las cajas de ahorros", asegura.
Asimismo, indica que el Banco de España lleva a cabo una intensa supervisión de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y controla su plan de negocio "para garantizar que los activos se enajenen en los plazos establecidos y con el menor coste posible para el contribuyente". En 2014, los esfuerzos se han centrado, fundamentalmente, en continuar con la desinversión prevista.
Por otro lado, con vistas a mantener la solvencia de las entidades financieras, el Ejecutivo indica que se ha avanzado "sustancialmente" en la trasposición de la Directiva de requerimientos de capital que, junto con el Reglamento, supone la implementación en España de los Acuerdos de Basilea III.
"Estas medidas potenciarán la solvencia de las instituciones financieras y contribuirán a reducir la probabilidad de ocurrencia de crisis financieras", asegura.
Por último, indica que en breve plazo se completará el paquete de transposición con la aprobación del Real Decreto de desarrollo de las obligaciones en materia de solvencia para empresas de servicios de inversión.
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