MURCIA.- En los últimos tres años se han
descubierto en la Región un total de 8.991 empleos irregulares. Si de
esta cifra solo se calcula el periodo comprendido entre enero de 2012 y
mayo de 2014, salen 7.200 empleos irregulares en la Comunidad, lo que
supone un 3,53 por ciento del total a nivel nacional.
En ese
mismo periodo, afloraron en España 203.206 empleos irregulares, que
supusieron un impacto económico de 9.271 millones de euros. Éstas son
algunas de las cifras que ha aportado esta mañana en la Comisión
Especial de Empleo de la Asamblea Regional el director territorial y
jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Diego Martínez,
quien ha comparecido en el parlamento regional para abordar el tema de
la economía sumergida y la explotación en el campo.
Desde el año
2012 se ha incrementado en la Región el número de actuaciones para
luchar contra la economía irregular. Según ha expuesto Martínez, las
inspecciones han aumentado en un 33 por ciento, lo que supone que se han
planificado cinco veces más actuaciones que hace ocho años.
En
cuanto a los datos obtenidos, destaca que en los últimos tres años se
han sancionado a 936 empresas que daban ocupación a trabajadores
perceptores del subsidio por desempleo y a 1029 trabajadores que
compatibilizaban dichas prestaciones con el trabajo por cuenta propia.
Asimismo, de 2012 a 2014 se han anulado 6.581 altas fraudulentas de
trabajadores en empresas ficticias.
El director territorial y
jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha contrastado los
datos de los últimos años para calcular el porcentaje de empresas de la
Región que poseen situaciones irregulares.
En 2012, un 25,9 por
ciento de las empresas inspeccionadas presentaban algún tipo de
irregularidad laboral, en 20013 descendió un poco ese porcentaje y llegó
al 25,1 por ciento, mientras que en el año 2014 ascendió un punto
situándose en el 26 por ciento. Los sectores de actividad en los que más
situaciones de irregularidad son hostelería, agricultura, comercio y
construcción.
Asimismo, Martínez ha reconocido que se ha
incrementado el fraude en las contrataciones a tiempo parcial. "Las
empresas contratan por una jornada muy inferior a la que realizan los
trabajadores realmente. Muy pocos son los contratos que se corresponden
con la realidad", ha dicho.
En cuanto al sector agrícola, el jefe
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha expuesto que en el campo
"se da el fenómeno del destajo", con el que se garantiza un salario
mínimo por unidad de tiempo aparte de incentivos por la producción.
"Ahora no se garantiza ese salario mínimo y lo que el trabajador trabaja
es lo que cobra y la situación es preocupante", ha señalado.
Martínez también ha mencionado que la Comunidad lucha contra el fraude
laboral y la economía sumergida mediante convenios suscritos entre los
ayuntamientos y la Comunidad para mejorar la coordinación entre
administraciones.
No
obstante, el jefe de inspección ha apelado a la conciencia social para
frenar la economía sumergida. A esto también ha hecho referencia el
portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, quien
ha calculado que si España se situara en los mismos niveles que Europa
en fraude laboral y economía sumergida "se ingresarían 21.000 millones
de euros más que se podrían gastar en políticas esenciales para el
ciudadano".
El popular ha pedido a la sociedad que use los cauces
a su alcance para denunciar estos comportamientos. "El trabajador ha de
ser consciente que con estas prácticas no cotiza y tampoco tiene
derecho a prestaciones y es importante que entiendan también el daño que
causa al sistema la economía irregular".
Por su parte, el
viceportavoz del PSOE, Francisco Oñate, ha asegurado que el fraude
fiscal y laboral "es una gran asignatura pendiente por resolver" y ha
recordado que en los últimos años se ha incrementado el número de casos
positivos, un 26 por ciento, que han detectado los inspectores de
trabajo, mientras que en el resto de Europa se ronda el 10 por ciento.
Por último, el socialista ha pedido "mayor ejemplaridad política" y ha
señalado que los casos de corrupción, la amnistía fiscal que puso en
marcha el gobierno y la imputación al PP por haber hecho obras en caja B
"le resta legitimidad para exigir a los ciudadanos un comportamiento
ejemplar".
El portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha
insistido en la necesidad de que España se equipara a Europa y disminuya
la economía sumergida y se ha preguntado si es suficiente la plantilla
de inspectores de trabajo para descubrir estas prácticas. "En 2015 hay
programadas 600 visitas al campo, pero no sabemos cuántas se hicieron otros años y si es un dato superior o similar".
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