CARTAGENA.- La Comunidad Autónoma contará a finales
de este mismo mes con una Unidad de Conflicto de Intereses que emitirá
informes obligatorios para comparar el patrimonio de los altos cargos
regionales al comienzo y el final de su mandato para evitar
enriquecimientos ilícitos o aumentos injustificados.
Será la
primera de las medidas de la Iniciativa Integral de Transparencia
anunciada por el Consejo de Gobierno que se pondrá en marcha, según
anunció ayer el consejero de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz, en
la presentación en la Asamblea Regional del calendario de implantación
de esa estrategia.
En declaraciones a la prensa, Ruiz destalló que
su departamento está trabajando ya en la orden que dará pie a la
creación de esa unidad administrativa, que establecerá la obligatoriedad
de evaluar las variaciones patrimoniales de los altos cargos a lo largo
de su mandato.
La medida afectará tanto al presidente del Ejecutivo
regional como a los consejeros, los directores generales, secretarios
generales y directores de los organismos públicos adscritos a la
administración regional.
Esos informes no quedarán en el ámbito del
Gobierno, ha indicado, sino que se remitirán a la Comisión del Estatuto
del Diputado de la Asamblea Regional para su análisis.
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