martes, 10 de junio de 2014

Alrededor de de 11.000 personas están esperando en la Región las ayudas de la Dependencia

MURCIA.- Un total de 11.338 personas de la Región de Murcia con estatus de personas dependientes reconocido están a la espera de percibir las ayudas o servicios que establece la Ley de la Dependencia, lo que representa un cuarto del total de 38.181 personas que hay en la Comunidad con este derecho adquirido. 
 
Su tiempo de espera llega a alcanzar incluso los tres años, cuando el límite máximo legal es de seis meses. Así lo hizo saber Lorenzo Gutiérrez Díez, coordinador del Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia, un organismo que aglutina a cerca de 800 profesionales, una parte de los cuales están atendiendo a las personas con dependencia en los diferentes ayuntamientos y asociaciones que se encargan de esta materia en la Región.
Gutiérrez explicó que la cifra de personas con dependencia que está a la espera de recibir las ayudas llegó a alcanzar los 14.000 de octubre de 2011 a mayo de 2012, pero ha ido descendiendo en los últimos años. Sin embargo, argumentó que esta bajada no se debe a que se hayan incorporado a los servicios, ya que la cifra de beneficiarios actual es inferior al número de beneficiarios que había en junio de 2011, sino que ha descendido porque los beneficiarios han ido falleciendo o porque están desistiendo dado que se están reduciendo los servicios y prestaciones económicas, así como por falta de recursos suficientes para afrontar los elevados copagos impuestos en los últimos años.
No obstante, destacó que la lista de espera está «prácticamente paralizada» desde julio de 2012. Estas personas llevan esperando uno, dos y hasta tres años desde el momento en el que los técnicos reconocieron su dependencia y, en muchos casos, han tenido incluso la propuesta de resolución hecha, a la espera solo de la firma del director general de la Comunidad y del director gerente, según Gutiérrez. Por tanto, el coordinador del Colegio advirtió que no se trata de un problema de recursos humanos y técnicos que evalúen la dependencia, sino que es un problema que tiene que definir la Comunidad Autónoma.
En concreto, lamentó que la Administración suele esgrimir que existe un «problema económico», y que cumplirá cuando la situación económica mejore. Sin embargo, Gutiérrez recordó que este problema existe en la Región desde el 1 de enero de 2007, cuando la Ley entró en vigor, ya que «no ha existido desde el primer momento una voluntad de poner en marcha las medidas que implica».

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