MURCIA.- La crisis ha incidido en el negocio del sector de la
prostitución en Murcia, ya que la clientela que era asidua a clubes y a la
prostitución callejera ha "disminuido", obligando a los regentes de los
locales a reorientar el servicio prestado, dirigiéndolo en otro sentido
hacia un público más precario económicamente.
Frente a esta situación, desde los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado se detecta, con especial incidencia, "un aumento
considerable de las viviendas destinadas a ofrecer los mismos servicios
que en un club de alterne, a unos precios considerablemente más altos".
Así lo trasladó la Benemérita, quien explica que se trata
de apartamentos de lujo, chalets y fincas aisladas donde los clientes
pueden igualmente tomar copas, a veces sin abono alguno de dinero, para
luego requerir los servicios de meretrices que residen de forma
voluntaria en el lugar; "un submundo de alto standing que dificulta la
actividad inspectora por tratarse de domicilios y no de establecimientos
públicos", advierten.
A la misma conclusión llega el Cuerpo Nacional de Policía
que espera, además, un "aumento" de la prostitución en prostíbulos
instalados en domicilios particulares, como consecuencia de la entrada
en vigor, este sábado pasado, de la Ordenanza del Ayuntamiento de
Murcia, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros.
Para luchar contra esta actividad delictiva, la Benemérita
establece sistemas de localización de víctimas y delincuentes, entre las
que se contemplan regulares inspecciones a clubs de alterne y
relaciones con los servicios sociales en contacto con estas mujeres;
sistemas de protección de las víctimas; modos de desarticulación de
organizaciones dedicadas a estos ilícitos, y para todo, formas de
proceder ante los distintos casos que pudieran surgir.
El objetivo es ofrecer a las mujeres afectadas por este
tipo de delitos protección integral, ayuda y asesoramiento por cuanto
son víctimas y auténticas perjudicadas del sistema. "Lo fundamental es
que entiendan que en ningún momento son culpables y hacer de enlace con
las instituciones del Estado encargadas de la asistencia en los
distintos ámbitos y necesidades", puntualiza.
Las víctimas suelen ser de procedencia extranjera, mientras
que, según la Benemérita, "los casos detectados en mujeres españolas
son escasos".
En cuanto a los clubes de alterne cerrados por este cuerpo,
en el último año ascienden a seis, mientras que los atestados
instruidos por detenciones derivadas de una actividad irregular son
cuatro.
Por su parte, Policía Nacional realizó recientemente varias
operaciones en domicilios particulares en los que se ha detectado la
comisión de delitos relativos a la prostitución (explotación coactiva y
lucrativa) y a la trata de seres humanos.
Asimismo, durante este año se elaboró un censo actualizado
de clubes de alterne en la Región y habitualmente se realizan en los
mismos intervenciones coordinadas con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
La labor que se realiza desde la Policía cuando encuentran a
mujeres ejerciendo la prostitución, dentro de una red de trata de
blancas consiste en prestar tratamiento, asistencial y humanitario.
Para ello, el personal especializado de las Unidades contra
las Redes de Inmigración se entrevista de manera reservada con las
víctimas y se pone en marcha el protocolo de actuación previsto para
estos casos, que consiste en la prestación de asistencia psicológica,
jurídica y propiamente asistencial. En el caso de las mujeres
extranjeras, existe la posibilidad de tramitar el permiso de residencia
por circunstancias excepcionales.
No existe un perfil único de mujeres a las que se les
obliga ejercer esta actividad y en cuanto a las extranjeras, suelen ser
de procedencia subsahariana, del este de Europa o sudamericana, sin
arraigo en España y sin cualificación laboral, entre 20 y 35 años de
edad, normalmente víctimas de un engaño previo en el momento de su
captación y de un aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad
posteriormente.
En cuanto al perfil del proxeneta, es el de un varón de
entre 40 y 60 años, de nacionalidades diversas. También suelen aparecer
mujeres que controlan directamente la actividad.
Hay que tener en cuenta, en este sentido, que por la
situación geográfica que ocupa la Región "nos encontramos en una zona
activa en este tipo de actividad, en la zona levantina existen algunos
de los prostíbulos más grandes de España", puntualizó.
Durante este año, Policía Nacional no ha procedido al
cierre de ningún club de alterne aunque se ha conseguido el cese de la
actividad en prostíbulos privados, y se han practicado detenciones por
trata de personas en varios clubes de alterne de la Región.
Las penas que contempla el Código Penal en cuanto a los
delitos de prostitución y trata de seres humanos oscilan entre los dos a
cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. En el caso de ser menor
o incapaz, se impondrá al responsable la pena de prisión de cuatro a
seis años.
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