MURCIA.- El informe titulado "Valoración
preliminar de las modificaciones a la normativa de
aguas impulsadas desde el
Memorándum
sobre el Trasvase Tajo-Segura"
pone de relieve que el Gobierno español pretende
introducir el Memorándum aprovechando la tramitación
de la Ley de Evaluación
Ambiental, es decir, presentando
enmiendas a una ley totalmente diferente y que no
tiene nada que ver con la legislación de aguas.
"La falta de transparencia y participación
pública en la negociación y esta pésima
técnica jurídica, es
fruto de las presiones que ha ejercido el sector del
regadío beneficiario del TTS", denuncia Julia
Martínez, coordinadora del área de Agua de Ecologistas
en Acción-Región Murciana. "Este
incumplimiento de la normativa comunitaria no
beneficiará a Murcia sino que aumentará los conflictos
futuros entre Comunidades Autónomas y con las
Instituciones europeas, pudiendo esto conllevar serias
sanciones", destaca Julia Martínez.
Esta negociación, además, ha sido realizada
al margen de la actual elaboración del Plan de la
Demarcación del Segura,
actualmente en fase de exposición pública, invalidando
el proceso de planificación que
establece la Directiva Marco de Agua (DMA).
Peter Gammeltoft
(Jefe de la Unidad Protección del Agua y el Entorno
Marino de la Comisión Europea) se ha mostrado
concernido ante la denuncia de la aprobación de este
Memorándum. Ante la exposición de este caso, el
comisario ha declarado: "evaluaremos muy de cerca si el
Memorándum es compatible o no con la Directiva Marco
de Agua y si produce impactos sobre los espacios de
la Red Natura".
Ha concluido que toda información que se le ha
facilitado "será profundamente estudiada y utilizada
para asegurar el cumplimiento de la normativa europea
en España".
A todo ello se añade que la
regulación del trasvase que establece el memorándum no
tiene en cuenta ni la reducción de recursos que se
derivan del cambio climático ni los requerimientos de
caudales ecológicos ni el carácter prioritario del
abastecimiento de poblaciones en casos de sequía
extrema.
Finalmente, Ecologistas
en Acción-Región Murciana y la Red de AguaPública participan
en
esta visita junto con otras 18 organizaciones y plataformas1procedentes de todo el Estado español para presentar
60 propuestas de mejora de la legislación europea de
aguas.
Entre otras
cuestiones, “este documento recomienda
incorporar a la normativa comunitaria el
reconocimiento explícito del derecho humano al agua
y al saneamiento que
garantice el acceso mínimo e indispensable para una
vida digna, incluyendo a las personas sin capacidad
económica. Este reconocimiento atendería las demandas
de cerca de dos millones de
europeos y europeas que han firmado la Iniciativa
Ciudadana Europea (ICE), presentadas recientemente
ante la Comisión”,
destaca María Gimenez perteneciente a la Red Agua
Pública. Además, todas estas organizaciones coinciden
en la necesidad de promover o volver, en su caso, a
una gestión pública del agua como bien común que
garantice adecuadamente el mantenimiento de sus
servicios ambientales.
1
Ecologistas en Acción (a nivel estatal), Aigua es
vida (Cataluña), Som lo que sembrem (Cataluña), Grup
de Defensa del Ter (Cataluña), Plataforma de Defensa
de l`Ebre (Cataluña), Marea Azul del Sur
(Andalucía), Red Agua Pública (a nivel estatal),
Ingeniería sin Fronteras (a nivel estatal),
Plataforma Salvem el Gaià (Cataluña), Xúquer Viu
(País Valencià), Red Andaluza de la Nueva Cultura
del Agua (Andalucía), Cuenca Azul (Cuenca del Ebro),
L'Associació de Naturalistas de Girona (Cataluña),
Iaeden (Cataluña) y Asociación para la Conservación
Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur
(Andalucía).
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