MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, uno de los
imputados en el caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística en la
expansión norte de la ciudad, ha calificado de "gratuitas y
absolutamente vacías de contenido" las imputaciones del fiscal, por lo
que ha solicitado el archivo de las diligencias en lo que respecta a su
imputación.
En el recurso presentado en el Juzgado
de Instrucción que investiga los hechos, Cámara defiende la legalidad de su actuación y señala que el convenio
Nueva Condomina, firmado con el propietario del Club Real Murcia, Jesús
Samper, siguió la misma tramitación que todos los acuerdos urbanísticos.
Expone
que en los hechos por los que el fiscal Anticorrupción solicitó su
imputación, que fue acordada por el juez instructor, no hubo ninguna
resolución personal del alcalde, sino que los acuerdos fueron adoptados
por órganos colegiados, como el pleno del Ayuntamiento o la junta de
gobierno.
El recurso, que ha sido dado a conocer hoy
a las partes personadas en este proceso, afirma, en cuanto al citado
convenio, que el mismo respondía a la necesidad de la ciudadanía de
contar con "un campo de fútbol a la altura que se merece una ciudad como
la de Murcia".
Y añade que el protocolo firmado por
Cámara y Samper en el año 1999 "se basó siempre en criterios de interés
público y utilidad general y por estar incluido en el programa
electoral".
El alcalde, al responder a las
acusaciones del ministerio público, señala que ese acuerdo se adoptó con
total transparencia, y del mismo se hicieron eco los medios de
comunicación social, "tratándose de un documento de intenciones para
empezar a trabajar en un convenio que beneficiara a la ciudad y con el
que se obtendría un estadio de fútbol de máxima calidad sin coste para
el Ayuntamiento".
En su recurso, se refiere también a
la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia (TSJ), que no formuló ninguna
declaración de nulidad del convenio, sino tan solo una discrepancia
"sobre el porcentaje que le correspondía recibir a la Administración
conforme a la Ley del Suelo de 1998".
"En todo caso
-afirma el escrito- de lo que sí estamos seguros es de que, hubiera
hecho el Ayuntamiento lo que hubiera hecho, se habrían visto, en
cualquier caso, idénticos 'indicios' de ilegalidad en su actuación".
En
apoyo de la legalidad en que se movió siempre, el alcalde señala en su
recurso que tan pronto tuvo conocimiento de aquella sentencia, no solo
no la recurrió, sino que procedió a su inmediata ejecución, por lo que
ningún perjuicio se produjo a las arcas municipales.
Por
otra parte, se critica la actitud mantenida por el fiscal, que imputa
actuaciones presuntamente ilegales al alcalde y no hace lo mismo con los
concejales del PP y con los del PSOE que también votaron a favor del
acuerdo sobre Nueva Condomina.
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