MURCIA.- El fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha ampliado su denuncia contra varios imputados en el caso Umbra de presunta corrupción urbanística y ha pedido al juez que lo investiga que impute también al
presidente del Casino de Murcia y exconsejero del Gobierno autonómico
del PP Juan Antonio Megías, entre otras personas.
El instructor, el magistrado David Castillejos, titular del Juzgado
de Instrucción nº 8 de Murcia, señala en un auto que ha acordado dar traslado a las partes de esta petición
del fiscal, sobre la que resolverá de forma motivada próximamente si
acepta o desestima las peticiones de ese ministerio.
En su
escrito, Lozano pide también que se amplíe la acusación que pesa sobre
varios imputados en esta misma causa sobre la expansión urbanística de
la zona norte de Murcia.
Entre ellos se encuentra el jefe del
servicio municipal de Urbanismo, Pedro Morillas, y el arquitecto del Ayuntamiento Joaquín Peñalver, a los que atribuye otro delito de
prevaricación en relación con el plan parcial Nueva Condomina, promovido
por el dueño del club de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, también
imputado en esta misma causa.
Igualmente, pide que se amplíe la
imputación respecto del propio Peñalver y de su hermano José Francisco,
también arquitecto, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y
negociaciones prohibidas a los funcionarios respecto al convenio Casino
de Murcia y a la posterior aprobación inicial de plan parcial de la
rehabilitación de ese edificio histórico del centro de esa ciudad.
Al
pedir la imputación de Megías, que ya declaró en calidad de testigo en
esta causa, la fiscalía califica de "desorbitados" los honorarios del
también imputado Renato del Noce, ingeniero de nacionalidad italiana que
se ocupó de coordinar los trabajos de rehabilitación de ese inmueble.
Por
el convenio firmado por Del Noce y Megías, el primero se garantizaba el
cobro de unos honorarios de dos millones de euros, cifra que superaba el
20 por ciento del importe de la obra.
El fiscal se pregunta cómo
es posible que estos desproporcionados honorarios no hubieran levantado
sospecha, ya que el ingeniero solo actuaba como "mero coordinador" de
esas obras.
Y añade que incluso varios de los imputados en este
caso, como el exconcejal de Urbanismo de Murcia Fernando Berberena y el
exdirector de la Gerencia de Urbanismo de esa ciudad Alberto Guerra consideraron inexplicable este coste cuando declararon como imputados.
Para
la próxima ronda de declaraciones como testigos, que se desarrollará
entre los próximos 8 y 22 de noviembre, se incluyen las de Marcelo Sáez,
administrador de una de las empresas investigadas en la causa, y las de
los peritos de la Agencia Tributaria, Elena Ruiz y José Frutos.
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