MURCIA.- La responsable de Política Social de
IU-Verdes en la Región de Murcia, Adoración Peñas, ha hecho este jueves
un "planteamiento de denuncia global del ataque, acoso y derribo a los
servicios públicos y a las condiciones de vida de los ciudadanos, sobre
todo a los más vulnerables".
Peñas ha presentado lo que considera "el certificado de defunción
de la Ley de Dependencia, porque con la aprobación en la Asamblea
Regional de la Proposición de Ley sobre medidas en materias tributarias
de sector público de política social y otras medidas administrativas, a
la que IU-Verdes presentó enmienda a la totalidad" se contemplan "nuevos
recortes en la Ley de Dependencia que no vienen más que a certificar su
muerte".
A su juicio, se trata de "medidas insolidarias que traen duros
recortes, más de los que ya habían, y que terminan por exterminar el
frágil sistema de protección que teníamos los murcianos, abriendo una
importante brecha de pobreza y desigualdad en la Región".
Por ello, ha puesto de manifiesto que esta Proposición de Ley "es
una estafa a miles de dependientes, en la que se eliminan los derechos
adquiridos por ley en nombre de una austeridad que se impone para los
más desfavorecidos y ahoga aún más a dependientes y familiares y exige
una serie de nuevos requisitos que serán imposibles de cumplir".
Asimismo, Peñas subraya que "es otro ataque más que va a provocar
la extinción de la Ley". Entre otras cosas, señala, "elimina la
responsabilidad de la Administración en cuanto a plazos de resolución y
abre la puerta a la privatización de servicios".
Para IU-Verdes, la aprobación de esta ley supone que la
Administración regional "podrá incumplir el plazo legal cada vez que
quiera sin que tenga consecuencias, además de que no se reconocerán las
prestaciones atrasadas ni a los vivos ni a los herederos y se limitará
el plazo que estableció la ley para seis meses, a pesar de que se
incumple, de manera que la Administración podrá resolver cuando quiera".
Igualmente, ha denunciado públicamente la gestión que de la Ley de
Dependencia se hace en Murcia y ha recordado la denuncia que el Colegio
de Trabajadores Sociales presentó ante la Fiscalía por este motivo.
Y es que, critica, la Administración regional "podrá ir cerrando
plazas públicas sin dar mayores explicaciones a los afectados, como
ocurre con el centro ocupacional de Espinardo".
"Esta ley fiscaliza a los cuidadores, porque con el nuevo proyecto
no se recompensará la autonomía, sino la reclusión en el domicilio, al
suponer más del doble de lo que era la dedicación plena antes, premiando
que los cuidadores estén en el domicilio 24 horas al día y siete días a
la semana", advierte.
Añade, al hilo, que con el servicio de ayuda a domicilio "una
prestación que se otorga en los ayuntamientos desde finales de los años
80 se está eliminando", además del copago en residencia, "donde el
usuario participa con un 90 por ciento de su pensión, pero el 10 por
ciento que le deja como máximo pueden ser 106 euros, y con eso tiene que
hacer frente a lo que la residencia no cubre, como prótesis, vestido,
calzado, tabaco".
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