MADRID.- Los jueces decanos de España se han adherido al acuerdo adoptado el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para reclamar más medios materiales y personales en la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y las causas de "especial relevancia social".
En un comunicado difundido este miércoles, los jueces decanos
manifiestan su intención de desempeñar su trabajo "responsablemente y en
las debidas condiciones" y aseguran que algunas de las deficiencias que
presentan actualmente los juzgados y tribunales españoles se podrían
resolver "de manera inmediata".
"Son los jueces y fiscales quienes investigan los asuntos
relacionados con la corrupción y, por tanto, las medidas más eficaces
son aquellas que se dirigen a apoyar y facilitar su trabajo", afirman en
un comunicado en el que señalan que no es posible llevar a cabo "una
investigación seria y rigurosa" sin funcionarios, policías y peritos
especializados.
En concreto, los jueces decanos piden medidas de refuerzo al CGPJ,
al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. "El problema
es que, o no llegan, o lo hacen demasiado tarde", aseguran.
Entre las medidas necesarias apuntan el nombramiento inmediato de
jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales
con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con
dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos (peritos de la
Hacienda Pública, Banco de España, Intervención General del Estado) y la
creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses. También
destacan la necesidad de adscripción de grupos de auténtica policía
judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez.
A su juicio, no parece que exista una especial sensibilidad hacia
estos problemas, "cuando precisamente hace unas semanas se ha aprobado
una norma que ha suprimido el llamamiento de jueces sustitutos, que son
quienes venían llevando tales funciones de apoyo y refuerzo en los
juzgados y tribunales".
El CGPJ pide información a Martínez Moya
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha pedido hoy a todos los tribunales superiores de justicia autonómicos que entreguen toda la información referentes a casos de corrupción para agilizar los procedimientos en marcha.
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa posterior al debate que el Consejo ha realizado hoy sobre un informe opuesto a la reforma de este órgano propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Previo al debate, Moliner ha informado al Consejo de la comunicación realizada a los presidentes de los tribunales regionales, y anunciada en el último pleno, con el fin de que éstos ofrezcan "una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica", ha explicado Bravo.
La portavoz ha indicado que esta iniciativa fue adoptada por Moliner desde el respeto a la independencia del poder judicial y a la función jurisdiccional de los jueces en sus juzgados.
No obstante, el Consejo solicita esta información, ha comentado Bravo, "conscientes en estos momentos de la preocupación de la ciudadanía dada la proliferación de asuntos relacionados con corrupción política y económica".
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Bravo ha expresado que de esta manera el poder judicial quiere dar un mensaje de compromiso con la sociedad porque es "el último garante del sistema democrático".
Moliner, ha señalado Bravo, ha resaltado en el pleno la importancia de mostrar a los jueces el apoyo del Consejo desde todos los puntos de vista.
Una vez realizado el diagnostico de la situación, el presidente del CGPJ se comprometido a hablar con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia", ha concluido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ pide información a Martínez Moya
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha pedido hoy a todos los tribunales superiores de justicia autonómicos que entreguen toda la información referentes a casos de corrupción para agilizar los procedimientos en marcha.
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa posterior al debate que el Consejo ha realizado hoy sobre un informe opuesto a la reforma de este órgano propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Previo al debate, Moliner ha informado al Consejo de la comunicación realizada a los presidentes de los tribunales regionales, y anunciada en el último pleno, con el fin de que éstos ofrezcan "una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica", ha explicado Bravo.
La portavoz ha indicado que esta iniciativa fue adoptada por Moliner desde el respeto a la independencia del poder judicial y a la función jurisdiccional de los jueces en sus juzgados.
No obstante, el Consejo solicita esta información, ha comentado Bravo, "conscientes en estos momentos de la preocupación de la ciudadanía dada la proliferación de asuntos relacionados con corrupción política y económica".
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Bravo ha expresado que de esta manera el poder judicial quiere dar un mensaje de compromiso con la sociedad porque es "el último garante del sistema democrático".
Moliner, ha señalado Bravo, ha resaltado en el pleno la importancia de mostrar a los jueces el apoyo del Consejo desde todos los puntos de vista.
Una vez realizado el diagnostico de la situación, el presidente del CGPJ se comprometido a hablar con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia", ha concluido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.
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