MURCIA.- El jefe de la Demarcación de Costas del Estado
en la Región de Murcia, Andrés Martínez Muñoz, ha confirmado que su
departamento dejaría de instar la demolición del poblado de Puntas de
Calnegre, en Lorca, si el emplazamiento es declarado Bien de Interés
Cultural (BIC) y si sale adelante la nueva Ley de Costas.
Martínez ha recordado
que el poblado de Puntas de Calnegre "es una reivindicación de los
lorquinos desde tiempo inmemorial", que en su día establecieron allí un
poblado de pescadores y, con el tiempo, se fueron haciendo obras de
reforma, con lo que han llegado a consolidar las barracas de pescadores.
El jefe de la Demarcación de Costas reconoce que el alcalde de
Lorca, Francisco Jódar, está "muy preocupado" por el devenir de la nueva
Ley de Costas en relación con el poblado de Puntas de Calnegre.
Incluso, afirma que Jódar y el senador del PP, José Joaquín
Peñarrubia, acudieron recientemente a ver al director general de
Sostenibilidad de la Costa y el mar del Estado, Pablo Saavedra, para
preguntarle por las posibilidades de conservar el poblado.
La Dirección General les contestó que se está a la espera de la
posible declaración de BIC que ha instado el Ayuntamiento de Lorca con
respecto al poblado de puntas de Calnegre, y que tiene que recibir el
visto bueno de una serie de organismos como el Colegio de Arquitectos de
Murcia, de la Real Academia Alfonso X El Sabio y la Real Academia de
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca.
Martínez explica que la documentación resultante de estas
consultas se enviará a la jurisprudencia para que se dictamine si todo
aquello es constituyente de un BIC o no. Por ello, no ha ofrecido ningún
calendario a este respecto, ya que "depende de lo que tarde en decidir
la Justicia".
En caso de que el poblado de Puntas de Calnegre sea declarado BIC,
Martínez puntualiza que el borrador de la nueva Ley dice que se
"protegen los bienes declarados de interés de cultural para evitar su
demolición".
Si el poblado es declarado BIC y la nueva Ley entra en vigor, la
Demarcación de Costas "dejaría lógicamente de instar cualquier
demolición en ese poblado", ha señalado.
En esta misma situación se encuentran las prórrogas de las
concesiones por un plazo de hasta 75 años, según Martínez. Así, se
declarará la caducidad de muchas concesiones por Ley en 2018, por lo que
para la Demarcación de Costas "habría que revisar todas las concesiones
en 2018 y su caducidad, lo que sería una barbaridad y una sobrecarga de
trabajo imposible de tramitar".
Para evitar la indefensión de mucha gente, el Gobierno central ha
establecido una posibilidad de revisión de cada caso en particular,
llegando a establecer una prórroga de las concesiones de hasta 75 años
que estaban abocadas a su inminente desaparición con la destrucción de
empleo.
Esto quiere decir que, de aquí a 2018, y siempre una vez este
aprobada la nueva Ley, cada persona que sea susceptible de esa afección
"debe solicitar la posibilidad de renovación de una concesión, con
objeto de que el Ministerio vea cada caso en particular y sea
susceptible de prorrogar esa concesión actual".
Su prórroga dependerá de la ubicación de la concesión, si está en
zona marítimo-terrestre, en zona de tránsito o en zona de servidumbre,
porque "cada causística es distinta".
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