ALICANTE.- El expresidente de la Comisión de Control de
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el murciano Juan Ramón Avilés, declarará el
próximo martes ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez
Bermúdez como imputado en la causa en la que se investiga si la entidad
le concedió créditos por valor de 17 millones de euros, informaron
fuentes jurídicas.
Avilés está imputado por delitos societarios y de administración
indebida después de que el juez Gómez Bermúdez, que mantiene abiertas
otras tres piezas por las actividades de la CAM, admitiera a trámite una
querella presentada por los gestores de la entidad, que fue intervenida
por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) en julio
de 2011.
Entre los créditos obtenidos por el exdirectivo, la querella
refleja cinco concedidos "de forma fraudulenta" en 2009 por el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia (ICREF) por un importe de casi cuatro millones de
euros.
Según la querella, Avilés habría llevado a cabo una "gestión
desleal" al aprovechar su posición de "máxima relevancia" en la CAM para
obtener "la financiación para su intento de participar en las rápidas,
especulativas y desproporcionadas ganancias que el fenómeno de la
llamada burbuja inmobiliaria generó durante años".
Los querellantes también sostienen que bajo su gestión se llevó a
cabo en la entidad "un grosero incumplimiento de las condiciones básicas
establecidas por los respectivos organismos", ya que los créditos
fueron concedidos "sin una mínima comprobación de viabilidad y
garantías, por un lado, y vulnerando de modo grosero, en todos los
casos, las condiciones de concesión en cuanto al objeto y a la
aplicación de estos préstamos".
El juez también tiene previsto interrogar este martes a a los
peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en
el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue
intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011, que inyectó
2.800 millones de euros.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente
propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro--,
comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9
millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas
pérdidas de 1.136 millones de euros.
En su recurso contra el auto de imputación la defensa de Avilés
sostiene que la CAM no tiene "legitimación activa" para ejercitar la
acusación por administración desleal, ya que en junio de 2011 aprobó la
operación de segregación de su negocio financiero a favor de Banco CAM
SAU, --ahora propiedad de Banco Sabadell--, de modo que a 31 de
diciembre de 2011 no ostentaba participación alguna en el accionariado
del Banco CAM.
Esta parte también sostiene que el exdirectivo no es "sujeto
activo" de los delitos de que se le imputan porque no era administrador
de derecho, "ni por sí mismo ni como miembro de la Comisión de Control
de CAM".
"El único órgano que tenía encomendada la administración de la
entidad era el consejo de administración", señala.
En la causa principal contra los gestores de la CAM, Gómez
Bermúdez mantiene imputados al expresidente Modesto Crespo; los
exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el
exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; y el exdirector de
Planificación y Control Teófilo Sogorb. Además, investiga en otras dos
piezas separadas la venta de acciones preferentes y de cuotas
participativas.
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