El Movimiento Ciudadano destapa una supuesta trama urbanística en Cartagena de compleja mezcla

MADRID.- Un entramado de empresas en las que participan un exalcalde socialista de Cartagena y dos de sus hermanos, uno de ellos ex directivo de Telefónica, se han llevado la parte del león del urbanismo de la ciudad portuaria en los últimos doce años, con la aquiescencia y favorecidos por la alcaldesa y diputada en el Congreso por el Partido Popular, Pilar Barreiro Álvarez y su grupo municipal, que gobiernan con mayoría absoluta desde 1995, según publica hoy 'El Confidencial'.

El escándalo ha sido destapado por el concejal del Movimiento Ciudadano José López, quien ha venido denunciando desde la campaña electoral de mayo de 2011 las connivencias y prácticas irregulares que según él ha desarrollado el ayuntamiento con una red de empresas participadas y alentadas por el exalcalde socialista, José Antonio Alonso Conesa (1991-1995), su hermano Eduardo, ex director de Marketing Internacional de Movistar, un tercer hermano, Agustín, funcionario autonómico y exjefe de Gabinete de Alcaldía de Cartagena, y Jesús Espelosín, empresario madrileño que fue el primer gerente de Urbanismo del ayuntamiento de la capital española.

En las sociedades también figuran con distintas funciones, según la documentación registral a la que ha tenido acceso El Confidencial, otros personajes conocidos como José Ramón Carabante, Miguel Boyer, Diego Luis Lozano Romeral o Guillermo Fernández Vidal, estos dos últimos, directivos de Telefónica. El concejal del Movimiento Ciudadano (MC) que ha destapado el asunto, José López, cree que estos últimos no están directamente implicados en la red sino que fueron “captados” como inversores de buena fe para “negocios” en Cartagena.

El detonante reciente ha sido la investigación que los grupos de oposición municipal pretendían que se hiciera sobre el proyecto Puerta Nueva, que originalmente debía proveer de apartamentos baratos a estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Finalmente, los pisos construidos se han vendido en una horquilla de 125.000 euros a 250.000.

“Cualquier desarrollo urbanístico ha tenido que pasar en los últimos doce años por la mano de este grupo empresarial”, asegura José López. La documentación registral que exhibe lo confirma. Al margen de Puerta Nueva, en la que la alcaldesa fue consejera, las empresas en las que figuran los hermanos Alonso, Espelosín, Carabante y cargos de MoviStar son Estudios Financieros Taylo-Wood, que desarrolló el llamado Plan del Hondón con un beneficio de 12 millones de euros en nueve meses; Palatino 2002 S.L, actualmente Corporación Issos S.L.; Mistral Investment; Delfos 2002 o Aljama Tres Investment.

En total son unas treinta empresas entrecruzadas, en las que figuran las personas citadas, y han desarrollado los proyectos urbanísticos más importantes que se han hecho en el centro de Cartagena en los últimos años: Puerta Nueva, Cartagena Centro 1 y 2 (polígono comercial Mandarache), Plan del Hondón, Plan Española del Zinc, o el Auditorio de El Batel inaugurado hace dos meses con siete años de retraso y que costó tres veces más de lo presupuestado. Muchas de esas sociedades tienen el mismo domicilio social bien en la calle Menéndez Pelayo número 45 de Madrid o en el Paseo Alfonso XI número 11, también en la capital de España.

En ese nuevo local emblemático, junto al puerto, celebró hace una semana su boda la hija de la alcaldesa, Blanca, que ha trabajado en el departamento de marketing de Telefónica que encabezaba Eduardo Alonso, hasta hace tres meses. El gestor de El Batel es Pedro Pablo Hernández, presidente de la Confederación Comarcal de Empresarios de Cartagena (COEC), que ha compartido cargo de administrador junto al ex alcalde socialista José Antonio Alonso en las empresas Tajo Solar S.L. o Zima Energía S.L.

Fuentes próximas a Puerta Nueva aseguran que detrás de toda la “ofensiva” de López está Gerardo de la Torre Berbén un empresario cartagenero que vio frustradas sus esperanzas de prosperar urbanísticamente  porque el resto de socios lo sacaron de la unión temporal de empresas de la zona de expansión urbanística de Mandarache, el CC1. Este empresario es quien financia al MC de López desde hace dos años, según las mismas fuentes. De la Torre ha visto frustadas sus expectativas de negocio urbanístico en Cartagena por su salida del proyecto de Mandarache.

En Puerta Nueva S.L., de la que la creación de una comisión de investigación no podrá ser solicitada por la oposición hasta el pleno del próximo julio, se adjudicó en 2002 la construcción de viviendas inicialmente para estudiantes universitarios a Residencial Puerta Nueva con una oferta calificada en seis puntos menos por los técnicos municipales que la presentada por Ferrovial. Esa adjudicataria estaba constituida por Promociones Alumbres S.L. con un 50% y Sethome, empresa de Jesús Espelosín Atienza, con otro 50%. A los tres meses de constituirse, ambas venden un 10% de su accionariado por valor de 160.000 euros a Palatino 2002 S.L, (Carabante, y en la que posteriormente estuvo Eduardo Alonso como consejero).

Se adjudicó a Puerta Nueva porque el ayuntamiento estimó que ofrecía la ventaja de un puesto municipal en su consejo de administración, que ocupó la alcaldesa Pilar Barreiro, y la participación en un 30% de las plusvalías que generaran las edificaciones –era la época del boom inmobiliario–, según acuerdo de la sociedad municipal Casco Antiguo S.A., que obra en poder de este diario, adoptado el 24 de julio de 2002.

Palatino vendió inmediatamente su participación del 20% en Puerta Nueva a Centro Audiovisual de Inversiones (CAI), en cuyo consejo están José Antonio Conesa. Y así sucesivamente. En mayo de 2003 Promociones Alumbres vendió su 40% a Medi Valencia, otra sociedad conectada en el entramado.

El resultado ha sido, diez años después, que los dos puntos fundamentales “por los que la alcaldesa inclinó la balanza de la concesión no se han cumplido”, dice José López. Efectivamente, Pilar Barreiro salió del consejo de Puerta Nueva en 2007 y no fue sustituida por el municipio. Y no ha habido ningún seguimiento y control de las plusvalías, asegura el concejal del Movimiento Ciudadano, algo que niegan tajantemente fuentes de Puerta Nueva.

“Ahora mismo faltan por abonar tres millones y medio de euros al ayuntamiento” por esas plusvalías, añade. Según él, las cuentas de Puerta Nueva muestran que la sociedad ocultó beneficios de casi diez millones de euros a través de préstamos a socios (Medi Valencia, Set Home y Mistral Inversiones, de la que forma parte Agustín Alonso), acusación que niegan las fuentes de aquella sociedad. Mistral es la última entidad con la que Agustín Alonso, hermano del ex alcalde socialista que fue el fundador en 1995, participó en Puerta Nueva. En el objeto social de la empresa no figura “el préstamo” como uno de sus fines, asegura López.

Otro caso llamativo fue el cambio de uso de oficio (sin petición del propietario) en 2003 de una finca industrial de Frigoríficos Balsalobre S.A. en el Plan Parcial del Hondón, planeada antes de que José Antonio Alonso dejara la Alcaldía en 1995. Fue adquirida por Estudios Financieros Taylor-Wood en la que estaba el ex alcalde en 2004 por 18.631.375 euros. Se vendió el 15 de mayo de 2006 a Sanma Desarrollos Urbanísticos S.A. por 30.787.298. 

López se enfrenta el lunes 25 próximo a la vista oral de la querella por injurias y calumnias que interpuso el ex alcalde José Antonio Alonso a raíz de sus denuncias públicas durante la campaña electoral. A esta se suma la denuncia de la hija de Federico Trillo-Figueroa por supuestas amenazas que habría proferido el concejal contra ella y su padre, el ex ministro de Defensa, expresidente del Congreso y embajador en Londres, en su despacho de secretaria adjunta a la directora de Relaciones Externas de la Alcaldía de Cartagena, cargo de libre designación por la Alcaldía que ocupa desde las últimas elecciones con un sueldo anual bruto de 29.359,73 euros.

López también fue denunciado ayer por unas supuestas declaraciones suyas que no figuran en ninguna acta de comisión o pleno en las que acusa supuestamente a los funcionarios de robar. “Que demuestren con actas que yo he dicho eso”, reta el concejal.