MADRID.- Todas las diligencias abiertas sobre la mala gestión en la CAM se acumularán a la causa que se ha iniciado esta semana en la Audiencia Nacional, al igual que las demás denuncias relacionadas con la CAM presentadas ante distintas fiscalías y juzgados de Valencia, Madrid, Alicante o Murcia. Al tratarse de los mismos hechos, lo lógico es que todas se lleven en un único procedimiento para evitar resoluciones dispares, avanza hoy el diario 'Público'. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska investiga ya la "contabilidad creativa" puesta en marcha por la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós.
Aunque aún no se ha concretado a qué personas se imputará, María Dolores Amorós, la última directora general, tiene todas las papeletas. Con ella al frente de la gestión, la entidad presentó unos beneficios de 39 millones de euros en el primer trimestre y pretendió publicar unos beneficios de 80 millones en el primer semestre, que, una vez fueron recalculados por los administradores del FROB y por los auditores, se convirtieron en unas pérdidas de 1.136 millones. Además, pactó con el expresidente Modesto Crespo una pensión vitalicia anual de 370.000 euros, pago que fue eliminado por los actuales administradores.
Pero, cuando avance la investigación, probablemente no figurará ella sola en el listado de imputados. La denuncia del letrado murciano Diego de Ramón, admitida a trámite por el juez Fernando Grande-Marlaska esta misma semana, también atribuye responsabilidad al ex director general Roberto López Abad, el secretario general José Pina, Joaquín Meseguer (Participaciones Empresariales), Francisco Martínez (Inversiones y Riesgos), Teófilo Sogorb (Planificación y Control) y Daniel Gil.
Según el denunciante, formaban el equipo que dirigía la entidad a espaldas del consejo de administración. También cita a los directores territoriales de la entidad en Murcia y Valencia.
El letrado De Ramón califica los hechos como delito societario, falsedad documental, apropiación indebida y abuso de poder. Y dirige su denuncia contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a la que los interventores despidieron en septiembre por unas causas, que la Fiscalía Anticorrupción ha investigado para determinar si superan el ámbito de la infracción disciplinaria y llegar a constituir delito. Aparentemente, son fácilmente transformables, puesto que los motivos alegados para despedirla consistieron en "buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente".
Con el informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha acordado la primera diligencia: solicitar al Banco de España un avance del informe que preparan los interventores que designó al frente de la entidad para analizar la gestión desarrollada en los últimos años.
De las conclusiones de este avance de informe dependerá el futuro de la causa, porque a partir de él se perfilarán las imputaciones que se realizarán contra los exresponsables de la CAM. La admisión a trámite se ha producido por estafa y delitos societarios, entre los que se incluyen administración desleal y apropiación indebida en el seno de una empresa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 no llamará a declarar a ninguno de los antiguos gestores de la entidad bancaria hasta conocer los resultados del Banco de España.
Aparte de afirmaciones escandalosas, pocas pruebas aporta el escrito de denuncia, por lo que es imprescindible iniciar la investigación prácticamente desde cero con las conclusiones del órgano auditor.
La denuncia, según recuerda 'El País', recogía las supuestas maniobras de Amorós para ocultar la pésima situación económica de la caja descubiertas por el supervisor que, según el denunciante, tenían por objeto "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que no fuese intervenida".
También recuerda que la CAM presentó en marzo unos beneficios de 38,9 millones de euros que en junio se convirtieron en 1.136 millones de pérdidas, lo que demostraría que tanto Amorós como el resto de directivos trataron de esconder "la debilidad financiera" de la entidad y las retribuciones de Amorós, que, además de una pensión vitalicia de 369.497 euros anuales, se adjudicó un sueldo de otros 593.040.
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