"La Asamblea para el Senado de la Región de Murcia ha sido constituida por un conjunto de ciudadanas y ciudadanos conscientes y responsables que pretenden defender en el Senado los intereses de la mayoría de las personas de la Región. La A.S exige la reforma del Senado para que pueda cumplir de manera efectiva la función de verdadera cámara de representación territorial.
La Asamblea para el Senado exige que los derechos sociales sean considerados derechos humanos básicos, inalienables e irrenunciables, que tengan la condición de derechos fundamentales y que gocen de la misma protección jurídica que los derechos y libertades contenidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución española (artc.14-30). La Asamblea para el Senado quiere modificar el proceso de reforma constitucional actual para impedir que la garantía y protección de los derechos sociales se someta a los intereses económicos.
Somos conscientes de que el sistema económico-financiero liberal-conservador que ha elaborado las reformas políticas y jurídicas en su propio interés no va a ceder sus privilegios ni a compartir su riqueza de manera voluntaria. El éxito de nuestro programa pretendemos basarlo en nuevas estructuras políticas, jurídicas y sociales.
Nuestro Programa Electoral se basa en los siguientes puntos:
1. Prioridad del gasto social derivado de los derechos sociales garantizados por la Constitución. Para ello, obtendremos recursos de:
- a) La reducción de los gastos militares comenzando por repatriar toda la presencia militar en el extranjero, excepto la que realmente tiene que ver con Ayuda Humanitaria. También defenderemos la salida de España de la OTAN.
- b) La persecución del fraude fiscal en general y en especial de las grandes fortunas, de las grandes corporaciones, de profesionales, y de la economía sumergida.
- c) Reforma fiscal progresiva que grave más a quienes más tienen, en especial a la Banca. Exigimos responsabilidades civiles y penales a quienes son los causantes de la crisis económica, social y ecológica que padecemos y siguen ocupando puestos claves de responsabilidad en el sistema.
- d) Derogación del Concordato vigente con el Estado Vaticano y de todos sus privilegios económicos.
2. Garantizar los derechos sociales reconocidos en el capítulo 3º del Titulo I de la Constitución: derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al medio ambiente adecuado, integración de los discapacitados…etc.
3. Pobreza. Tender a erradicar la pobreza en la Región de Murcia, cifrada en un 25%.
4. Inmigración. Desarrollo de políticas de acogida a la inmigración y exigencia de derogación de la ley de extranjería. Clausura de los CIES.
5. Medio ambiente. Revisar la actual ley de economía sostenible incluyendo en ella nuevos modelos de producción y de consumo. Defender el derecho humano al agua, a la tierra y a los recursos propios. Primar los criterios medioambientales a los empresariales. No a los proyectos de Marina de Cope, Gorguel, Costa Azul de Portman, Aeropuerto de Corvera… degradación del Mar Menor, etc. Cierre de las nucleares, y desarrollo de las energías renovables, ecoempleo, comercio local, potenciación de la agricultura regional, soberanía alimentaria y desarrollo de políticas de movilidad sostenible.
6. Derecho a la vivienda. Reforma de la ley hipotecaria que incluya la dación en pago con efecto retroactivo. Nacionalización del parque de viviendas sin vender que engrosa la propiedad de los bancos, y su conversión en un parque de vivienda pública para alquiler social con opción a compra. Esta nacionalización se llevaría a cabo con las cantidades asignadas por el Estado a los bancos para su rescate.
7. Derecho al Trabajo. Evitar la precariedad laboral. Derogación de las últimas reformas laborales referentes al abaratamiento de despidos, al encadenamiento de contratos temporales de forma indefinida, etc. Incremento de la prestación por desempleo y establecimiento de una renta básica equivalente al salario mínimo interprofesional.
8. Derecho a la Educación gratuita, pública, laica y de calidad, desde educación infantil y primaria a universitaria. Optimización de los recursos en todos los subsistemas de formación profesional – reglada y en la formación profesional para el trabajo-.Aumentar los servicios en los centros educativos, y mantener las plantillas laborales hasta cubrir las vacantes.
9. Derecho universal a una sanidad pública de calidad. Oposición a cualquier ley que implique la privatización de los servicios públicos. Recuperación de servicios privatizados que deben reducirse al mínimo. Acotación y control exhaustivo de las competencias de las mutuas por parte de los servicios de inspección de la sanidad pública.
10. Servicios Públicos. Defensa y extensión de los servicios públicos. Recuperación para la gestión pública de los servicios privatizados rentables. Freno a la privatización prevista de Aena. Nacionalización de antiguas empresas públicas privatizadas.
11. Justicia. Defensa de la Independencia Judicial. Separación efectiva de los demás poderes del Estado. Democratización del acceso y del funcionamiento judicial. Valoración objetiva del mérito y la capacidad para los cargos judiciales. Incremento de la inversión en justicia, hasta llegar a la media europea.
12. Economía social y alternativa .Reforma fiscal. Implantación de impuesto a las transacciones financieras (Tasa Tobin). Pasos para eliminar los paraísos fiscales. Reforma fiscal progresiva. Persecución de la economía sumergida. Elevación considerable de impuestos a las SICAV.
13. Banca. Creación de una Banca Pública no especulativa, que pueda implementar directamente las medidas de apoyo para financiar la inversión en administraciones públicas, familias y PYMES. A este modelo de banca pública podrían incorporarse algunas entidades privadas mediante el proceso de nacionalización.
14. Regeneración democrática basada en la democracia participativa. Supresión de privilegios a la clase política. Reforma de la Ley electoral para facilitar el acceso de la ciudadanía a los órganos de representación democráticos. Efectividad de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP). Convocatoria de referéndums sin las limitaciones que establece el punto 3 del artc. 167 de la CE . Abrir la vida pública a la participación real de la hoy excluida ciudadanía. Establecer el sistema de listas abiertas para el Congreso y en las asambleas regionales y municipios. Regular la limitación de mandatos de los cargos electos; asegurar la equidad en el desarrollo de las campañas electorales, así como la neutralidad y profesionalidad de los medios de comunicación públicos y la imposibilidad de la concentración de los privados. Garantizar la plena transparencia en el acceso a la información en poder de las instituciones, regular la rendición de cuentas. Excluir a los corruptos de la vida pública. Democratizar por ley la vida de los partidos y la transparencia completa de su financiación. Garantizar el control de los fondos públicos entregados a cualquier tipo de entidades. Y establecer un riguroso sistema de incompatibilidades que evite la connivencia de los representantes públicos con intereses particulares.
15. Exigencia de que todas las leyes que se elaboren en ambas cámaras contemplen las diferencias sociales, económicas y culturales de género y desarrollen políticas anti-discriminatorias en todos los ámbitos mencionados".
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