VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha pedido a otras instancias judiciales --juzgados, Fiscalía Anticorrupción y Audiencia Nacional-- información acerca de si han abierto algún tipo de diligencias de investigación penal por la gestión de Caja Mediterráneo (CAM), intervenida el pasado mes de julio por el Banco de España, según han informado hoy fuentes próximas al caso.
Fiscalía de Valencia decidió abrir diligencias de investigación el pasado mes de septiembre para investigar una denuncia presentada por Cercle Obert de Benicalap sobre la gestión de la caja de ahorros. En este escrito --remitido por la entidad-- se cuestionaba, entre otros asuntos, la contabilidad de la entidad alicantina; la concesión de préstamos sin garantía; los sobresueldos satisfechos a determinados miembros del Consejo de Administración --en concreto, los ex directivos--; y operaciones de concesión de préstamos hipotecarios de alto riesgo a políticos.
El primer paso que ha dado el ministerio público tras abrir diligencias ha sido el de pedir a otras instancias judiciales en las que también se han presentado denuncias similares sobre este caso información sobre si han abierto algún tipo de diligencias penales. En caso afirmativo --que en principio parece que no-- estaría obligado a remitirse a la misma y enviarle toda la documentación que tiene.
Además de la denuncia de Valencia, en Alicante se presentaron otros escritos por parte de Vecinos por Alicante y el Movimiento 15-M, y la fiscalía de esta provincia los ha remitido a Fiscalía Anticorrupción; y en Madrid por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, con lo que pese a que la CAM tiene su sede en Alicante, este asunto podría finalmente investigarlo la Fiscalía Anticorrupción al operar la caja en todo el territorio nacional.
No obstante, todo dependerá de la información que aporte el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del Banco de España, que todavía no ha determinado cuál es la responsabilidad penal, con lo que no se puede llevar a cabo una investigación a fondo por parte del ministerio público.
Manos Limpias presentó una denuncia en agosto ante la Audiencia Nacional contra la última cúpula directiva de la CAM y contra el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario.
En concreto, su denuncia se dirige contra los expresidentes de la entidad, Vicente Sala y Modesto Crespo; los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; así como el ex director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil; el ex director general de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez; el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés Olmos. Amplían la denuncia contra aquellas otras personas que pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen.
Según argumenta en su escrito Manos Limpias, la intervención de la CAM por parte del Banco de España se produjo como causa y consecuencia de una gestión claramente perjudicial por parte de sus órganos directivos a los intereses generales de más de tres millones de impositores y que han dejado a la CAM al borde la quiebra.
Entre los argumentos sobre la mala gestión, el sindicato aludía a la concesión de créditos y préstamos a consejeros y altos directivos, y en concreto a la cifra de 171 millones de euros concedidos al interés del cero por ciento.
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