MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha dirigido un escrito de personación al Juzgado nº 8 de Murcia como acusación popular en las diligencias penales que se siguen a instancias de la Fiscalía del TSJ por varios presuntos delitos contra funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y otros para pedir que se sustancie la eventual responsabilidad del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en la aprobación final de los planes urbanísticos de referencia, ya que por la vía penal no existe todavía una sentencia favorable eximente y esta es preferente y no excluyente de cualquier otra sentencia por la vía civil, ya que no entiende de delitos.
De Ramón inicia así su escrito:
"Que teniendo noticias de la recepción, en este Juzgado, de dichas actuaciones de la Policia Judicial, sobre el tramado de actuaciones administrativas presuntamente delictivas, ES POR LO QUE AMPLIO LA DENUNCIA, y me persono como ACUSACION POPULAR, ya que el dinero omitido a la Hacienda Pública es superior a 300 millones de euros, que repercuten a todos los murcianos, en base a un informe de la Intervención General del Estado, por la APROBACION DE SEIS CONVENIOS URBANISTICOS, siendo el primero de ellos en el año 2001 y el ultimo en el año 2005.
En base a ello, solicita en periodo de instrucción, las siguientes diligencias a investigar por la Policia Judicial UCO de la GUARDIA CIVIL:
1.-Que se recaben la aprobación de dichos seis convenios urbanisticos, por la CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y CARRETERAS de la Comunidad Autonoma de dicho años, en cuanto al informe juridico de dicha Consejeria, y la aprobación por medio de la Orden del Consejero que hubiese en ese momento de dichos Convenios.
2.-Que se recaben los informes juridicos del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma,que son previos a la aprobación por el Consejo de Gobierno, como asi todos los ACUERDOS DE DICHO CONSEJO, que aprobaron dichos Convenios, votos a favor, o en contra de los Consejeros y del Presidente de dicho Consejo de Gobierno.
Y a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, sobre la preceptiva declaración de impacto medio ambiental, que se dio, cuales fueron sus legitimaciones técnicas o defensivas del medio ambiente.
3.-Memoria del Consejo Juridico de la Región de Murcia, sobre la aprobación de dichos acuerdos del Consejo de Gobierno, como asi la justificación legal o legitima de las actuaciones desde su inicio hasta su aprobación final por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma.
4.-Que se recabe informe al Tribunal de Cuentas Y SU FISCALIA, sobre si se pronuncio en la existencia de responsabilidad penal en dichos seis convenios, o si solo vio, la documentación administrativa, SIN ENTRAR EN LA RESPONSABILIDAD PENAL, o el desequilibrio económico de valores dados en cuanto a la rentabilidad o beneficio obtenido en las recalificaciones de mas de dos millones de metros cuadrados, que pasaron a ser urbanizables solo dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana,los calificase como rústicos, agrícolas no urbanizables.
5.-Y solicitar las actuaciones judiciales murcianas, en cuanto a la legitimidad de sus resoluciones finales o archivos, de los procesos que ahora se detectan como presuntamente delictivos.
6.-Que por parte de los imputados se les haga declarar, las negociaciones que mantuvieron, en prensa local de aquellos años, con las Autoridades Regionales y las Autoridades Municipales, sobre las compensaciones económicas que iban a resultar a favor de la Comunidad Autonoma, incluido el Club de Futbol Real Murcia, ya que obtuvo el volumen de edificación mas alto el 0,5%.,por la posible construcción de cerca de mas de 20.000 viviendas, y varios centros comerciales conocidos como Nueva Condomina.
7.-Que se recaben a los imputados declaraciones de sus fuentes de financiación, en que bancos se encuentran y Cajas de Ahorros, y si hubieron financiaciones, que miembros o representantes politicos de las Cajas de Ahorro dieron el voto favorable para su aprobación en el Consejo, y que garantias se le exigieron".
En consecuencia, suplica a dicho juzgado de los de Murcia, tenga por ampliadas la denuncia y medios de prueba que solicita, asi como la personación como acusación popular, en defensa del interes general, que en momentos de crisis, hay que hacer valer, dado el posible agujero de mas de 300 millones que pudieran disminuir la deuda publica regional, dicho sea - señala- con la mas respetuosa petición de justicia.