MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha adaptado la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. En esta Ley se amplía el porcentaje de participación en el IRPF hasta el 50 por ciento, frente al 33 por ciento establecido en la Ley 21/2001.
Se trata de una medida aprobada por la Asamblea Regional por la Ley 2/2010, de 27 de diciembre, que entrará en vigor este sábado, si bien será aplicable a los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2010, según una disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
Se trata de la adaptación de la implantación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, aprobado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regulan el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
En virtud de esta Ley se modifican determinadas normas tributarias, lo que hace necesario, adecuar el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia al nuevo régimen de cesión de tributos, según el BORM.
La disposición final segunda de la Ley 22/2009, añade una disposición transitoria que regula para el año 2010 la escala autonómica del impuesto aplicable si la Comunidad Autónoma no hubiera aprobado la escala autonómica con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto correspondiente a ese periodo.
La Ley regional 7/2008, de medidas tributarias y administrativas en materia de tributos cedidos, tributos propios y tasas regionales para el año 2009, reguló, en su artículo uno, la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reduciéndola respecto a la aprobada supletoriamente en la normativa estatal.
Según el BORM, esta escala estaba adaptada, como no podía ser de otra forma, al porcentaje de participación en el impuesto que establecía la entonces vigente Ley 21/2001, por lo que procede ajustar la citada escala autonómica a los nuevos porcentajes de participación, trasladando a la nueva escala los porcentajes de reducción establecidos en la Ley 7/2008.
Igualmente, la disposición final explicita la entrada en vigor de la norma, extendiendo su aplicación a los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2010.
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