ALICANTE.- La sección sindical del CGT en Caja Mediterráneo (CAM) ha asegurado en un comunicado que el acuerdo laboral, firmado el pasado 13 de diciembre entre las cuatro entidades que conforman el Sistema Institucional de Protección (SIP) --CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura--, comportará "despidos" de trabajadores y no "prejubilaciones".
Así, los representantes de los trabajadores han explicado que estos despidos supondrán "pérdidas salariales" para dicho personal "de hasta el 40 por ciento", así como "una reducción de su pensión de jubilación en cantidades difíciles de cuantificar" hasta que no se conozcan "las nuevas condiciones que fijará el Gobierno en esta materia".
"Los despidos, que se van a pagar con los impuestos de toda nuestra sociedad, supondrán la pérdida directa de más de 2.000 puestos de trabajo en el SIP y de cerca de 30.000 en el sector", ha indicado la organización sindical, para quien "el Gobierno ha entregado", en su opinión, "15 mil millones de euros al sector, bajo la condición de eliminar estos puestos de trabajo".
Respecto a las bajas incentivadas, CGT-CAM ha indicado que la entidad bancaria ofrece, "bajo la amenaza de la movilidad geográfica", "el despido improcedente más una cantidad entre 10.000 y 30.000 euros, según los años de antigüedad en la empresa".
En este sentido, los trabajadores con un año de antigüedad percibirían unos 13.000 euros, mientras que los que tengan mucha antigüedad "simplemente no se las ofrecerán, ya que la dirección de la empresa tiene que dar su aprobación final a la misma", ha añadido.
"Su objetivo es precarizar nuestras condiciones de trabajo con lo que conseguirán importantes beneficios para atraer al capital privado nacional e internacional a la privatización de las cajas de ahorro", ha opinado el sindicato, para quien este hecho comportaría "la inmediata conversión en bancos".
Por todo ello, para la sección sindical de CGT en Caja Mediterráneo, el acuerdo laboral suscrito supone la desregulación de las condiciones laborales del personal que trabaja en la entidad financiera, lo que supone, a su juicio, "un grave atentado a las mismas en un plazo no superior a tres años".
Esta desregulación se caracterizaría, según los representantes de los trabajadores, por "congelaciones salariales, pérdida de salario directas" o "movilidad geográfica con compensaciones mínimas", entre otros.
"En paralelo, podemos observar como las y los altos ejecutivos de las cajas, principales responsables de la gestión y situación actual de las mismas, se recolocan en los puestos principales de los bancos a crear, multiplicando sus salarios, o se marchan con condiciones muy superiores al acuerdo firmado para el resto de los trabajadores de la caja", han opinado.
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