La consejera García persigue un ahorro superior a los 300 millones con la ley de recortes

CARTAGENA.-  La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, estimó en "más de 300 millones de euros" el ahorro derivado de la aplicación de la ley de medidas extraordinarias  para la sostenibilidad de las finanzas públicas que se debatirá en pleno para su aprobación el próximo jueves 23 de diciembre y que hará recaer buena parte de ese recorte en la "suspensión de acuerdos" con los trabajadores de la Administración pública como el de las 35 horas laborales.

   García compareció hoy en rueda de prensa en la Asamblea Regional junto al portavoz parlamentario del PP, Juan Carlos Ruiz, quien minutos antes registró esta proposición de ley que será abordada por procedimiento de urgencia. "No supondrá merma alguna en las inversiones ni en las prestaciones y servicios sociales incluidos en el presupuesto", indicó la consejera.

   Donde se pondrá el acento es en la reducción del gasto corriente y, especialmente en el capítulo de personal. A la eliminación de los acuerdos sobre 35 horas laborales se unirán la eliminación de complementos retributivos de trabajadores como los de la educación y a sanidad que García no concretó.

   Sí lo hizo posteriormente la portavoz parlamentaria del PSOE, Begoña García Retegui con la proposición de ley en la mano. Así, indicó que se elimina un complemento consolidado de 175 euros al mes para los trabajadores de educación y se suspenden los de turnicidad para los sábados y nocturnidad en el colectivo sanitario entre otros. "Esto supone que  más de la mitad del total de los recortes previstos la paguen los funcionarios", indicó.

   Otra medida incluida en la ley es, según informó la consejera, la de reestructurar el organigrama de entes y empresas públicas con el objetivo de dejarlas a final de 2011 "en el 30 por ciento de las que hay ahora".

   Asimismo, se menciona un recorte de la asignación para el funcionamiento del ente de la televisión regional en hasta un 80%, aunque la consejera indicara inicialmente que podía rondar el 60 por ciento. "Se insta a la sociedad privada que la administra a que recorte gastos o se atenga a una modificación del modelo de gestión", apuntó.

   La portavoz parlamentaria del PSOE y candidata a la presidencia del Gobierno regional de Murcia por este partido, Begoña García Retegui, además de criticar el efecto inmediato de esta ley sobre el funcionariado, censuró también que la reestructuración administrativa "tenga de plazo hasta final de 2011 para llevarse a cabo". Aún así, expresó su sospecha de que su aplicación llevará a la eliminación de consejerías.

   Asimismo, reveló que la ley reduce a 300.000 las asignaciones públicas para grandes eventos en 2011 lo cual pone en peligro algunos ya anunciados y publicitados como el festival SOS 4.8.

   Por su parte tanto Ruiz como García se quejaron de la "injusticia" que supone para la Región tanto el "trato sectario" del Gobierno central al desaprobar el estado financiero de la Región de Murcia, tras negarle las transferencias económicas que reclama, como la rebaja de la calificación de solvencia realizada por Moody's. "Nos señalan con el dedo de manera injusta simplemente porque estamos dentro de España", apuntó la consejera.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Begoña García Retegui, advirtió este martes al Gobierno regional que el Ministerio de Economía tiene la obligación de "comprobar que se producen los recortes necesarios" para despejar las dudas de que "el agujero económico en el funcionamiento" de la Comunidad de Murcia puede poner "en riesgo la credibilidad de España en los mercados internacionales".
   García Retegui subrayó, en los pasillos de la Asamblea Regional, que esa credibilidad no se consigue "con anuncios" sino con la confirmación de dónde y cómo se producen los recortes.
   A su juicio, sólo el análisis favorable respecto a que son suficientes llevará al Gobierno central a autorizar la emisión de 500 millones de euros de deuda que quiere llevar adelante el Ejecutivo autonómico.