QUITO.- El Ejército, leal al presidente Rafael Correa, se enfrenta en estos momentos a tiros a los sublevados en los alrededores del edificio donde el mandatario se encuentra retenido desde hace diez horas por los amotinados, que le impiden salir del hospital militar adonde acudió tras hacerse daño en una pierna recién operada y por aspirar gases lacrimógenos durante la revuelta.
Según Cruz Roja, el número de heridos alcanza el medio centenar. El Ejecutivo también precisó que el Ejecutivo solo negociará si los policías renuncian a la violencia. "Deseamos que esto se resuelva por los mecanismos de diálogo, sin que ese diálogo signifique una imposición de ninguna naturaleza", recalcó.
Antes de ingresar en el hospital, el presidente se enfrentó a los rebeldes en la sede del Regimiento 1 de Quito.
"Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: mátenme si les da la gana, mátenme si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos", dijo visiblemente exaltado. Poco después, en declaraciones a un canal de televisión ecuatoriano, proclamó: "Es un intento del golpe de Estado de la oposición", ha asegurado Correa. "Me siento traicionado, no por todos, pero habrá que depurar", añadió.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Ernesto González, rodeado de otros altos mandos militares, ha manifestado el apoyo del Ejército al presidente y su respeto por las instituciones democráticas, y ha aclarado que Correa es su "máxima autoridad". No obstante, ha pedido "encarecidamente" la revisión de la ley que ha provocado la protesta. Algunos soldados se sumaron en los primeros momentos a la protesta y tomaron la pista del aeropuerto de Quito, sede también de la base aérea militar más importante del país, que ha reabierto tras permanecer cerrado durante varias horas.
Quito se ha convertido en una ciudad fantasma. Las escuelas e institutos han enviado a los estudiantes a sus casas. En las entidades públicas se ha dado la orden de que el personal se retire a sus hogares. A esta hora la mayoría de la población de la capital permanece en sus casas, a la espera de que las Fuerzas Armadas inicien los controles en la vía pública. Sin embargo, aún no se ha visto a ningún miembro del Ejército en las calles.
Los comercios han cerrado las puertas tanto en Quito como en las ciudades de Ibarra, Esmeraldas, Cuenca, Ambato, Loja y Guayaquil. En esta última se han registrado hace pocos minutos un nuevo saqueo a un centro comercial. El temor es generalizado en la población, tanto a ataques de la delincuencia como al enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad. Además, la ciudadanía ha criticado que la única vía de información sean los canales gubernamentales.
Imágenes de televisión han mostrado a los policías en uniforme de tropa quemando neumáticos en varios puntos de Quito. Los uniformados han dicho que no cederán en su protesta. Todos los vuelos desde y hacia ese aeropuerto han sido suspendidos.
Como salida a la crisis, el Gobierno y los policías sublevados intentan crear una comisión de negociación para poner fin a los conflictos y que estaría conformada por cinco miembros de la cúpula policial y cinco representantes de mandos inferiores, según afirma una periodista que se encuentra en el hospital donde permanece Correa.
Los amotinados exigen la restitución de varios beneficios, entre ellos un bono de la policía, los años previstos de ascensos, las condecoraciones, eliminados con una nueva Ley de Servicios Públicos aprobada anoche. Todo ello supone alrededor de 30 millones de dólares (22 millones de euros), de los que los policías solicitarán que la mitad sea destinada a la construcción de viviendas para agentes.
La revuelta se produce en momentos en que el presidente Correa considera disolver el Congreso ante el estancamiento que existe en la aprobación de varias leyes de reducción de gastos estatales. Incluso varios parlamentarios de su partido se oponen a estas leyes. La disolución le permitiría legislar por decreto y convocar elecciones anticipadas.
El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, ha reconocido que su país está ante una situación "delicada" y frente a un proceso de "desestabilización del Gobierno y la democracia".
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