domingo, 28 de marzo de 2010

Diego de Ramón alerta a Anticorrupción sobre las adjudicaciones 'a dedo' a una empresa de Miguel del Toro

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha alertado a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, y tambiérn lo ha puesto en conocimiento del Fiscal General del Estado y del CNI (a efectos de seguridad nacional), sobre posibles casos de corrupción política en materia de contratación administrativa, y otras actividades presuntamente delictivas, en la Región de Murcia "por falta de transparencia y legalidad".

Según ese escrito, y tras comparecer ante el Tribunal de Cuentas con el fiscal del mismo, José Ángel Serrano Herráiz en expediente abierto por "irregularidades graves" y "presuntamente delictivas" a la Consejería de Educación por adjudicaciones de obras millonarias a determinadas empresas, entre ellas 'Trimptor', de la que es titular el presidente de la CROEM y vicepresidente de "Cajamurcia", Miguel del Toro (en la imagen), sin cumplir ningún trámite de contratación administrativa, el letrado se apoya en el dictámen 215/2008 del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia.

Pero, igualmente, en otros quince dictámenes del citado Consejo por omitir al interventor y con reconocimiento de obligaciones o gastos.

De Ramón denuncia la "contratación a dedo", con modificaciones presupuestarias posteriores como denominador común, no justificadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, de dos colegios (Lorca y Pozo Estrecho) con la empresa 'Trimptor'.

El letrado pide se dé traslado de las actuaciones al fiscal del Tribunal de Cuentas para que las pase a los tribunales penales "por indicios de responsabilidad criminal" al conculcar derechos constitucionales de terceros por "falta de concurrencia y publicidad en la contratación" alegando un supuesto interés público "que favorece siempre al contratado".

En su escrito a Anticorrupción, De Ramón pone en su conocimiento que no se tienen en cuenta a la hora de esas contrataciones a dedo, cuando los órganos de emisión de dictámenes con facultades de supervisión administrativa "indican que van contra la normativa de contratación, como el Interventor General, que fiscaliza los pagos en materia presupuestaria, los Servicios Jurídicos Generales y el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia".

A juicio del citado letrado, "no basta con invocar el interés público, contraviniendo totalmente la ley" y llega a afirmar en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, que "se han dado presupuestos de hechos tipificados en el Código Penal", excluyendo aquellos que dieron su informe en contra, como el Interventor General.

Finalmente, Diego de Ramón pide la relación de empresas que, de forma continuada y repetida, han obtenido en los últimos diez años "ayudas, subvenciones y donaciones a fondo perdido" por parte del INFO, y aquellas que "han obtenido recalificaciones de más de 40 millones de m2", entre ellas la Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como "qué empresas en los polígonos industriales de los Ayuntamiento del mismo color político que el Gobierno regional, desarrollan con carácter continuado, naves, planes industriales, etc, además de la empresa 'Zincsa", de Cartagena".

10 comentarios:

Anónimo dijo...

Aconsejo al letrado Diego deRamón la investigación de las contrataciones por parte de la consejería de Cltura. Para muestra, un botón: www.legalmusic.com

Anónimo dijo...

Este clima de corrupción generalizada en la clase política es una de las principales causas de que en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), esa "clase política" sea percibida ya como uno de los principales problemas de los españoles, sólo por detrás de la crisis económica y del paro, y por delante incluso del terrorismo. Los ciudadanos exigen, y con razón, que se sea implacable con las conductas corruptas de quienes ocupan cargos públicos. No es suficiente con que la Justicia haga su trabajo. Hay una labor previa, donde todavía queda mucho camino por recorrer, de autocontrol y exigencia por parte de los propios partidos políticos. Y no es de recibo argumentar que el problema radica en el sistema de financiación de estos. Primero, porque el enriquecimiento personal nada tiene que ver con eso, y en segundo lugar, porque también en este terreno, el fin nunca puede justificar los medios.

Cayetano González, periodista

Anónimo dijo...

Investiguen sus créditos en Cajamurcia y se lo cuentan luego a los clientes

Anónimo dijo...

Ahora se explica la complacencia de la CROEM con los disparates de Valcarcel.

Anónimo dijo...

¡Vaya Banda de la Huerta!

Anónimo dijo...

Diego de Ramón apunta pero nunca remata, ni una, no sabe cómo, ademas asi alerta a los corruptos y a los jueces indignos para que siempre termine todo igual, nada de nada...

Anónimo dijo...

Yo tampoco me fio de este abogado meapilas porque es mas de lo mismo: una pieza del sistema de poder que impera en Murcia.

Anónimo dijo...

Me temo que ya estaban alertados. Solamente, que la Policía tiene orden de buscar caza mayor. Y este Sr. por mucho que nos lo parezca no está clasificado así.

Anónimo dijo...

De Ramón debería ampliar la investigación a los responsables de Sanidad y del Ayuntamiento que autorizaron a Del Toro, su socio de Urdemasa, Martinez Esparza y al resto de la banda de la huerta a construir un Centro Comercial en terrenos de La Arrizaca, aprovechando la concesión del aparcamiento, sin concurso y en contra de las normas urbanísticas que solo permiten el uso sanitario.

Anónimo dijo...

Que alguien esplique como conceden la adjudicación de la logistica del sms a un defraudador confeso (todavia Director General de Hefame) ¿?