La sala de lo Social anuló la decisión de otro juzgado que en diciembre pasado se declaró incompetente para resolver esta cuestión e impuso una multa de 300 euros al sindicato de trabajadores Atrahe, que la planteó.
Hefame decidió implantar el nuevo mecanismo a través de la huella. Esta medida se encontró con el rechazo de Atrahe, al considerar que afectaba a su intimidad.
Los trabajadores recurrieron ante el juzgado, que desestimó la demanda. La sala de lo Social ha ordenado devolver el asunto al juzgado para que dicte sentencia.
Ayuntamientos como el de Murcia, Cartagena o Jumilla ya controlan a sus empleados por la huella dactilar. También la exigen al entrada de un centro deportivo en Totana.
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