MURCIA.- El Juzgado de Lo Contencioso Administrativo Número 3 de Murcia ha declarado nulos los contratos de asesoría jurídica y asistencia técnica que el Ayuntamiento de Totana acordó suscribir con Javier Cegarra y Pedro Pina en marzo del 2004 para desarrollar labores de asesoría jurídica y asistencia técnica, respectivamente, para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana.
Cegarra, quien fue abogado del ex alcalde Juan Morales, se encuentra imputado en el caso Tótem, y declaró ante el TSJ el pasado día 20 de enero. La sentencia especifica el sueldo que ambos cobraban mensualmente, que era de 4.375 euros para Cegarra y de 7.212 para Pina, según La Verdad.
Cegarra, quien fue abogado del ex alcalde Juan Morales, se encuentra imputado en el caso Tótem, y declaró ante el TSJ el pasado día 20 de enero. La sentencia especifica el sueldo que ambos cobraban mensualmente, que era de 4.375 euros para Cegarra y de 7.212 para Pina, según La Verdad.
La sentencia declara nulos los contratos porque vulneran la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al haber prescindido el Consistorio -presidido entonces por Juan Morales- «total y absolutamente» del procedimiento legalmente establecido, así como de los principios de publicidad, no discriminación y libre concurrencia».
Además, la juez entiende que la relación, que estaba establecida para un mes, se ha prorrogado de forma irregular.
Además, la juez entiende que la relación, que estaba establecida para un mes, se ha prorrogado de forma irregular.
Según fuentes del PSOE, Cegarra, cuyo contrato se rescindió al estallar el caso Tótem «podría haberse embolsado 218.000 euros, y Pina 360.000».
Su portavoz en Totana, Juan Francisco Otálora, señaló que este acto «ilegal» en el origen de la redacciónd el Plan General «podría suponer la contaminación de todo él, lo que sería una magnífica ocasión para retirarlo y plantear otro más realista y de consenso».
Su portavoz en Totana, Juan Francisco Otálora, señaló que este acto «ilegal» en el origen de la redacciónd el Plan General «podría suponer la contaminación de todo él, lo que sería una magnífica ocasión para retirarlo y plantear otro más realista y de consenso».
4 comentarios:
Si es cierto que se ha pagado por meses, la redacción del PGOU, a sabiendas de los plazos son indefinidos, entonces de lo que estamos hablando es de malversación de fondos públicos. Se ha estado pagando por tiempos un trabajo que se valora por su contenido. de lo contrario cuanto mas dure la tramitación mas se cobra. Manda huevos.
Al Ayuntamiento le da igual que sea o no sea legal porque cuando lo quieren hacer legal convocan y apañan un Concurso para que otros hagan el trabajo que tendrían que hacer los técnicos municipales.
2 millones de pesetas al mes le pagan a EPYPSA-Morillas para que informes los planes y proyectos municipales que deberían informar los técnicos y jurídicos municipales. Ojo y según el contrato se le paga mensualmente haya o no haya cosas que informar. O sea que pagan trabajen o no trabajen. ¿Alguien ha pedido las cuentas para ver a cuanto salen por informe?
Entre la Secretaria y el Interventor municipal, se lo guisan y se lo comen ellos solos. Adjudican a EPYPSA-Morillas el contrato para redacción de informes técnicos, sin pedir informe técnico y con un pliego de condiciones en el que se valora mas a las mercantiles que a los profesionales, cuando es notorio que los infomes no los hacen las mercantiles sino las personas-profesionales.
¡ OTRO MáS,ESTOS PEPEROS NO TIENEN FIN!!
sERÁ COMENTADO EN LOS ANALES DE ESTA COMUNIDAD:" EN LA ERA VALCÁRCEL,PESE A TODO,NADIE FUE A LA CÁRCEL!
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