La noticia casi simultánea y aparentemente no relacionada de la detención del alcalde de Librilla junto a su gerente de Urbanismo y un ex alto funcionario de la Consejería de Presidencia es el corolario al fracaso de ese modelo, basado en el turismo de golf, segunda residencia y ocupación extensiva del territorio.
'La Manga Club', un macrocomplejo urbanístico ahora propiedad de Medgroup, con el hotel Hyatt como emblema, tres campos de golf de 18 hoyos, 15 pistas de tenis, seis campos de fútbol, cientos de chalets y de apartamentos era el paraíso que empezó a construirse en 1971 y que actualmente tiene casi un millar de empleados.
Fue el modelo en el que el Partido Popular Murcia se fijó a partir de 1995 para emular y estimular el desarrollo turístico y urbanístico. En la actualidad, al menos una docena de campos de golf están funcionando en la región y hay otros tantos en distintas fases de realización y proyecto, destinados a turistas extranjeros y nacionales que no vienen ni vendrán en un futuro previsible por la crisis financiera mundial.
Todos esos campos están asociados a complejos urbanísticos de primera o segunda residencia que empezaron siendo chalets independientes –“villas” en la terminología anglosajona de 'La Manga Club'– para pasar después a construirse adosados y, ahora ya, torres de pisos de diversas alturas edificados en antiguos terrenos agrícolas la mayoría de ellos dotados con agua del Trasvase Tajo-Segura desde 1980.
La traslación de ese modelo, en su versión más reciente, a Librilla, localidad de unos cinco mil habitantes a 20 kilómetros al suroeste de la capital regional, es la que ha acabado, de momento, con la detención del alcalde, José Martínez García, “El Mecánico", de 60 años, el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L. (IDLSL), José Andrés Cortés, el ex funcionario de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano Valverde, su socio Domingo Cabrera y las esposas de estos dos últimos.
Los delitos supuestos imputados son blanqueo de capitales, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, prevaricación y falsificación de documento público.
El origen del asunto parece estar en 2006, cuando el ayuntamiento presidido por “El Mecánico” aprobó inicialmente un nuevo Plan de Urbanismo que recalificaba como urbanizable el 80% de la superficie agrícola regable del municipio, es decir 2.800 de las 3.500 hectáreas afectas al Trasvase Tajo-Segura y a pesar de la oposición de la Comunidad de Regantes local que contaba con una subvención pública de casi 36 millones de euros para modernizar los regadíos.Dos años más tarde, en agosto de 2008, se supo que la subvención se perdería si el Plan General salía adelante.
Y debía ser aprobado definitivamente con el visto bueno de la Dirección General de Administración Local, de la Consejería de Presidencia, de la que es funcionario excedente José Luis Cano Valverde y cuyo responsable máximo de 2003 a 2007 fue Fernando de la Cierva, que dejó su carrera política para irse a trabajar, según dijo él mismo a El Confidencial a “una de las muchas empresas de Pedro García Meroño”, dueño de Polaris World, versión local más llamativa del modelo 'La Manga Club', y también con algunas dificultades ahora tras unos años de esplendor.
El problema actual es que, aún sin la oposición de los regantes, los doce campos de gof en funcionamiento asociados a complejos urbanísticos en los municipios de San Javier, Torre Pacheco, Cartagena, San Pedro del Pinatar y Murcia (varios), o en proyecto en otros, como el famoso 'La Zerrichera de Águilas' –con Trinitario Casanova como máximo interesado- se han hecho con el mismo procedimiento que el de Librilla: recalificando terrenos agrícolas en urbanizables.
En algunos casos, como el propio de 'La Manga Club', han llegado incluso a invadir espacios naturales protegidos. Otro, como el aún no nato Marina de Cope ––que quiere ser el mayor y mejor de Europa–– se pretende hacer sobre espacios naturales desprotegidos por la Ley Regional del Suelo de 2001. Y el de 'La Zerrichera', con sus responsables en los juzgados junto a funcionarios regionales y munícipes aguileños por “obviar” que los terrenos están protegidos por la normativa europea (LIC y ZEPA).
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