Indicios inobjetables de cohecho en el "caso Zerrichera" según las propias palabras del juez

MURCIA.- Buscad el dinero, es la pista que suelen seguir ahora los especialistas de las fuerzas de seguridad cuando, como ocurre con el caso Zerrichera, el reto estriba en encontrar las posibles razones ocultas de extrañas recalificaciones urbanísticas, según se escribe hoy en "La Verdad".

Tal es el quid de la cuestión: determinar cómo concejales del Ayuntamiento de Águilas y un grupo de altos funcionarios de las consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas y Vivienda se avinieron «a recalificar lo irrecalificable», en palabras del fiscal y de los especialistas en Delitos Económicos de la Policía; quién, por encima de todos ellos, se encargó de aunar esas voluntades, y, por último, a cambio de qué. O, mejor, a cambio de cuánto.

Porque, dicho con las mismas palabras que el fiscal jefe, Manuel López Bernal, recoge en uno de sus escritos, «los datos de las actuaciones apuntan a que en la tramitación de la Modificación del PGOU de La Zerrichera han existido contraprestaciones económicas para funcionarios públicos, pues de otra manera resulta incomprensible el cúmulo y la gravedad de irregularidades cometidas». O, en palabras del juez Antonio Alcázar, cuando sostiene, refiriéndose en un auto a un edil aguileño, que «los indicios de cohecho parecen a priori inobjetables».

La pieza separada sobre La Zerrichera, que ha permanecido secreta durante más de quince meses y que ahora está en poder de "La Verdad", se abrió para tratar de hallar pruebas que demostrasen si era veraz la información aportada por un concejal socialista de Águilas, Ramón Román, en el sentido de que trataron de comprar su voluntad ofreciéndole un millón de euros.

En concreto, Román declaró en la Fiscalía que antes del Pleno del 27 de octubre del 2005, en el que debía de aprobarse el plan parcial de La Zerrichera, él expresó su intención de votar en contra. Habría sido entonces cuando su compañero de partido, Pedro Gil, le habría informado de la oferta de un millón de euros, pagaderos en tres partes, para que cambiase el sentido de su voto.

Más concretamente, Román aseguró que ese millón de euros formaba parte de un soborno de tres millones que el Grupo Hispania habría ofrecido a cambio del sí de los socialistas al proyecto y que, de haberse aceptado esas condiciones, tendrían que haberse repartido él mismo, Pedro Gil y el intermediario del Grupo Hispania que supuestamente les transmitió la oferta y que creyó identificar como Domingo Martínez (ex secretario general del PSOE en Águilas).

En virtud de tales datos, el juez de Instrucción número 3 de Murcia aceptó la apertura de una pieza separada de la investigación principal y encomendó a los expertos de la UDYCO de Murcia que se pusieran manos a la obra.

Un año y tres meses más tarde, las diligencias judiciales permiten constatar la estrechísima relación entre el empresario Trinitario Casanova, promotor de un resort de 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en La Zerrichera y hasta hace poco dueño del Grupo Hispania, y el sospechoso de intermediar en el cohecho, Domingo Martínez.

La dependencia de éste hacia el empresario es tal que siempre se refiere a Casanova como «el jefe», realiza innumerables gestiones en ámbitos políticos para tratar de forzar decisiones que favorezcan al empresario y, cuando algo no sale como esperaba y eso irrita a su «jefe», llega a enviarle mensajes como el que sigue, interceptado por la UDYCO: «Yo siempre soy fiel. Te pido que no pierdas la confianza en mí. Espero que me llames para poder hablar contigo».

O como éste, enviado el 24 de diciembre del 2007, con el tono íntimo y entrañable que dan las fechas navideñas: «En estos días que traen tantos recuerdos, quiero que sepas que te tengo en lo más profundo de mi corazón, y te deseo para ti y para tu familia toda la salud, amor y bienestar. De tu amigo Domingo. Feliz Navidad».

Con declaraciones como las anteriores, a los investigadores les quedan pocas dudas sobre el tipo y la consistencia de la relación entre el supuesto intermediario en la oferta de los tres millones de euros y el empresario que, según Ramón Román, iba a ser quien desembolsase el dinero.

Más todavía, Domingo Martínez llegó a ser seguido por los policías hasta Madrid, donde mantuvo una reunión en las oficinas del grupo Hispania en la calle Ortega y Gasset; hasta Orihuela, donde se reunió con el empresario en el complejo Hispania de la calle Tajo, y hasta el edificio Hispania de la plaza de la Fuensanta de Murcia, donde también había sido citado por el promotor Casanova. En todas esas ocasiones fue grabado y fotografiado por los agentes.

Quedaba, sin embargo, por comprobar si entre el ex portavoz socialista Pedro Gil -después del escándalo fue expulsado del partido, junto a otros tres ediles- y Domingo Martínez existía o no alguna vinculación. Algo que, de llegar a demostrarse, añadiría nuevos indicios y daría mayor consistencia a la denuncia sobre cohecho formulada por Román.

Pues bien, también en este caso los agentes de la UDYCO han dispuesto de infinitas oportunidades de constatar la estrecha vinculación del presunto intermediario y peón del empresario Casanova con Pedro Gil, el ex edil socialista, actual presidente del Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd).

Son decenas las conversaciones intervenidas entre ambos, y no pocas de ellas dirigidas a intentar favorecer los intereses de Trinitario Casanova en Águilas. Incluso alentando «preocupantes movimientos de tipo pseudopolítico -en palabras del juez- que podrían tener como finalidad conseguir que Ramón Román se retractara de lo declarado ante la Fiscalía».

Más todavía, la relación entre Pedro Gil y Domingo Martínez es tan estrecha que cuando el segundo es citado a declarar como imputado en la causa, el concejal le ofrece su declaración, en un supuesto intento de evitar que existan contradicciones entre ambos.

El magistrado estima que la investigación «demuestra los contactos entre Pedro Gil y (el promotor) Trinitario Casanova», a quienes califica como «los dos extremos de aquella supuesta relación interesada». Un eufemismo para referirse al supuesto cohecho.

"Indicios de subordinación"

El juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, expone en uno de sus autos, dictado el pasado 2 de abril, que de las conversaciones mantenidas entre el concejal Pedro Gil y el presunto intermediario del empresario Trinitario Casanova, Domingo Martínez, «se aprecia la voluntad previa del señor Casanova de interesarse por diversos asuntos de la corporación municipal aguileña y su extraña relación con el partido político que preside el imputado Pedro Gil -el MASd-, hasta el extremo de que en algunos pasajes se da cierta idea de subordinación en sus decisiones».