TOTANA.- En el caso de Juan Morales, ex alcalde de Totana, diputado regional y uno de los principales imputados en la Operación Tótem, el golpe más duro se lo ha asestado su mejor amigo, su hombre de confianza y su supuesto cómplice en la negociación de una multimillonaria comisión por una recalificación de terrenos: Gabriel Martínez, empresario, director ejecutivo de Huevos Maryper y también imputado en esas diligencias judiciales, según revela "La Verdad".
En la declaración prestada ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fueron quienes lo detuvieron, Martínez confesó que el 25 de octubre viajó a Vigo, junto con Morales y el intermediario José Antonio Alcántara, con el fin de entrevistarse con el promotor gallego Manuel Núñez Arias.
Éste, dueño de Inmonuar S.L., estaba pendiente de la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados en Totana, donde pensaba levantar más de 5.000 viviendas, y presuntamente se había comprometido a pagar una comisión de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) si el proyecto llegaba a buen fin.
Gabriel Martínez, que presuntamente ejercía en este negocio como hombre de confianza de Morales, explicó a los guardias civiles que el ex alcalde había viajado a Vigo porque tenía noticias de que alguien le había estado suplantando ante Núñez Arias.
Aunque en un principio estaba previsto que la comisión se repartiese entre cuatro personas -Morales, Martínez, Alcántara y un socio de éste, Carmona-, en los últimos tiempos habían surgido problemas con el último de los cuatro, ya que al parecer se había quedado con 200 millones de pesetas que Núñez Arias había adelantado. Razón por la cual el citado Carmona había sido apartado del negocio y había sido necesario retomar la negociación al margen de éste.
En el viaje a Vigo, que fue controlado en todo momento por la Guardia Civil, Morales, Martínez y Alcántara tenían previsto pedir tres millones de euros, que se repartirían a partes iguales, «para retribuir las gestiones que habían realizado en la captación y compra de terrenos para el convenio urbanístico de Inmonuar».
Sin embargo, los responsables de la promotora inmobiliaria no estaban dispuestos a darles más de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas) y se emplazaron para seguir negociando la cantidad final a percibir.
Martínez añadió que, antes de llegar a Vigo, el ex alcalde totanero le pidió que, como portavoz, «pidiera la máxima cantidad posible». Y confesó que llegó a pensar «que no colaborar con su alcalde en el asunto de las comisiones podría perjudicarle, pero que él no tenía conciencia de estar haciendo nada malo al reclamar el pago de unos trabajos, en cuanto a las gestiones de Alcántara y él mismo».
«Y que reconocía -añadió Martínez- que Juan (Morales), por su cargo, podría estar incurriendo en alguna responsabilidad».
No se equivocaba: presunto cohecho, se llama a esa figura delictiva. Y es una de las muchas por las que ahora está imputado su amigo Juan Morales.
En la declaración prestada ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fueron quienes lo detuvieron, Martínez confesó que el 25 de octubre viajó a Vigo, junto con Morales y el intermediario José Antonio Alcántara, con el fin de entrevistarse con el promotor gallego Manuel Núñez Arias.
Éste, dueño de Inmonuar S.L., estaba pendiente de la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados en Totana, donde pensaba levantar más de 5.000 viviendas, y presuntamente se había comprometido a pagar una comisión de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) si el proyecto llegaba a buen fin.
Gabriel Martínez, que presuntamente ejercía en este negocio como hombre de confianza de Morales, explicó a los guardias civiles que el ex alcalde había viajado a Vigo porque tenía noticias de que alguien le había estado suplantando ante Núñez Arias.
Aunque en un principio estaba previsto que la comisión se repartiese entre cuatro personas -Morales, Martínez, Alcántara y un socio de éste, Carmona-, en los últimos tiempos habían surgido problemas con el último de los cuatro, ya que al parecer se había quedado con 200 millones de pesetas que Núñez Arias había adelantado. Razón por la cual el citado Carmona había sido apartado del negocio y había sido necesario retomar la negociación al margen de éste.
En el viaje a Vigo, que fue controlado en todo momento por la Guardia Civil, Morales, Martínez y Alcántara tenían previsto pedir tres millones de euros, que se repartirían a partes iguales, «para retribuir las gestiones que habían realizado en la captación y compra de terrenos para el convenio urbanístico de Inmonuar».
Sin embargo, los responsables de la promotora inmobiliaria no estaban dispuestos a darles más de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas) y se emplazaron para seguir negociando la cantidad final a percibir.
Martínez añadió que, antes de llegar a Vigo, el ex alcalde totanero le pidió que, como portavoz, «pidiera la máxima cantidad posible». Y confesó que llegó a pensar «que no colaborar con su alcalde en el asunto de las comisiones podría perjudicarle, pero que él no tenía conciencia de estar haciendo nada malo al reclamar el pago de unos trabajos, en cuanto a las gestiones de Alcántara y él mismo».
«Y que reconocía -añadió Martínez- que Juan (Morales), por su cargo, podría estar incurriendo en alguna responsabilidad».
No se equivocaba: presunto cohecho, se llama a esa figura delictiva. Y es una de las muchas por las que ahora está imputado su amigo Juan Morales.
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