MURCIA.- Si el sumario judicial instruido con motivo de la Operación Tótem es una especie de cuerda en torno a la garganta del ex alcalde de Totana Juan Morales, bien podría decirse que cada declaración prestada ante la juez por los presuntos implicados ha contribuido a ir apretando el nudo. Ni en sus amigos más íntimos ha hallado respaldo.Las diligencias sobre este asunto de corrupción urbanística, que están en poder de "La Verdad", demuestran que la gran mayoría de los sospechosos de participar en la negociación de comisiones multimillonarias han acabado implicando al actual diputado regional del Grupo Mixto.
Incluso Gabriel Martínez, director ejecutivo de Huevos Maryper, hombre de su absoluta confianza y uno de los más activos participantes, según las citadas diligencias, en la negociación de un cobro de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas). También él, su amigo del alma, su compañero de andanzas, ha confesado que fue Morales quien exigió llevarse su parte del pastel por facilitar una recalificación urbanística.
Según se desprende de la investigación judicial, y así lo recoge la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, el entonces alcalde de Totana, Juan Morales, habría visto la oportunidad de hacer un buen negocio en el año 2006, cuando intermediarios de la firma gallega Inmonuar S.L. empezaron a buscar terrenos en el municipio para construir una urbanización.
La superficie que despertó el interés de la promotora se situaba en el paraje conocido como El Raiguero (en la imagen), tenía una superficie de unos 2,2 millones de metros cuadrados y, aunque estaba calificada como no urbanizable, el alcalde se habría ofrecido para impulsar el cambio de calificación, además de para favorecer la venta de los terrenos a la promotora gallega por parte de sus entonces propietarios.
A cambio, siempre según la juez, Morales habría solicitado la tercera parte de una comisión de 3,6 millones de euros (las otras dos terceras partes habría ido destinadas a los intermediario y a su amigo Gabriel Martínez, también implicado en la operación).
No fue el único intento de cobrar una comisión por parte del alcalde totanero, quien supuestamente habría reclamado a los dueños de los terrenos un pago de dos millones de euros (unos 332 millones de pesetas), por gestionar la venta con el grupo gallego.
Para asegurarse el pago les habría hecho firmar un contrato de gestión inmobiliaria, en el que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán. este documento está en poder de los investigadores.
En resumen, que Morales no habría tenido empacho en jugar incluso a dos bandas.
Por lo que se refiere a las negociaciones con Inmonuar S.L. y su propietario, Manuel Núñez Arias, la investigación ha determinado que a mediados del 2006 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Totana en la que, además del alcalde, habrían participado los intermediarios José Antonio Alcántara y Joaquín Carmona, así como Gabriel Martínez.
Éste último ha confesado ante la juez que fue allí cuando su amigo Morales «directamente solicitó la comisión», según se recoge en el sumario.
Con ser ya comprometido este testimonio, el problema de Morales es que el resto de los implicados tampoco le han salvado la cara. Así, Carmona ha dado detalles a la juez de que el alcalde había pedido participar en el reparto de la comisión y que había reclamado que se hiciesen tres partes. Y el propio promotor, Manuel Núñez, y su representante, Pablo Maceira, han confesado que Morales les pidió dinero a través del intermedio Emiliano Ovide.
Por si esto no era suficiente, otros dos vecinos de Totana, Manuel C. y Raquel V., han declarado que el mismo Emiliano Vigil les contó la exigencia de Morales de llevarse una comisión por la recalificación de terrenos.
Ante tamañas imputaciones, el actual parlamentario regional se limitó en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a encogerse de hombros. Dijo que no podía responder por las palabras de los demás y negó «rotundamente» en una decena de ocasiones haber reclamado comisión alguna.
Sin embargo, otro dato que le incrimina, y para el que no encontró argumento coherente que lo explicase, es el hecho de que tuviese en su poder dos copias del documento de reconocimiento de deuda, por importe de 3,6 millones de euros, que Inmonuar firmó en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., controlada por Carmona.
Éste era el método supuestamente ideado para que ni Morales ni el resto figurasen como perceptores de la citada comisión.
Aunque Morales respondió, a preguntas del fiscal, que ese documento estaba incluido en el expediente del plan parcial de El Raiguero, y que él se llevaba a casa copias de todos los planes parciales «por precaución», no supo explicar por qué un documento privado de reconocimiento de deuda estaba en un expediente municipal.
Hasta tal punto se fue enredando Morales en sus respuestas que el propio magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez Templado, se permitió recordarle que tenía derecho a no declarar, pero que lo que estaba diciendo «no está claro». O lo que es lo mismo, que le era preferible callar antes que dar explicaciones poco coherentes.
Uno de los hechos más curiosos recogidos en el sumario es la presunta conversación a cuatro bandas que Morales habría organizado, junto a varios intermediarios, para evitar ser quien negociase directamente la multimillonaria comisión con el promotor Nuñez Arias.
De esta forma, Morales le transmitía las indicaciones a su amigo Gabriel Martínez, quien a su vez las pasaba por teléfono a los intermediarios Carmona y Alcántara, que estaban reunidos en un coche con Pablo Maceira, hombre de confianza de Núñez Arias.
Éste era quien finalmente hacía llegar las exigencias al promotor gallego, también vía telefónica. Una precaución que parece haberle servido de poco.
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