MURCIA.- El secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Manuel Martí, negó hoy que exista una crisis en el sector inmobiliario, aunque sí destacó que existe una falta de liquidez en los mercados financieros.
Antes de la celebración de asamblea general ordinaria de APCE, que se celebra en Murcia, Martí atribuyó esta falta de liquidez "al despertar de China e India, que demandan masas ingentes de recursos para financiar su crecimiento".
Martí explicó que la evolución demográfica española garantiza un mínimo de demanda de 300.000 viviendas anuales, porque "al año se forman unas 200.000 parejas y se rompen la mitad, entonces surge la necesidad de otra casa". "La demanda no ha desaparecido, lo ha hecho la demanda especulativa", apuntó.
En este sentido, explicó que la demanda seguirá existiendo aunque se haya reducido, "porque si los precios han subido el precio especulativo es menor, y por tanto la demanda especulativa se retira y queda sólo una demanda sana".
Igualmente, señaló que el Gobierno central es consciente de que el empleo depende en gran medida de la construcción y de que el sector de la obra pública "absorbe dinero a un ritmo mucho menor que el de la edificación, por lo que no tendrá más remedio que hacer cosas en favor de la vivienda".
"Tendrá que inyectar más liquidez en manos del público y reducir las retenciones por IRPF", opinó, y señaló que "se pierden 2,3 empleos por cada vivienda que se deja de construir".
Por todo ello, el secretario general de APCE consideró que se debería clasificar la vivienda como uno de los problemas "más importantes" de la sociedad española y actuar en consecuencia, al tiempo que criticó que "la lentitud" de las tramitaciones está amparada en la "impunidad". "Una administración pública no respeta los plazos y no le pasa nada, eso no puede ser", subrayó.
Respecto a las Viviendas de Protección Oficial (VPO), Martí aseguró que "si el precio da para hacerlas, se harán", porque los constructores saben "que una buena parte del mercado demanda viviendas más baratas". No obstante, precisó que las VPO tienen que cumplir toda la reglamentación que las libres "y eso cuesta mucho dinero".
"El propietario de una vivienda con código técnico amortiza su casa en unos ocho años, pero en VPO el precio está limitado y el que soporta los costes es el constructor y el que los amortiza es el comprador", señaló.
Además, apuntó que en 1986 el porcentaje de estas viviendas era de más del 62% de la cuota de mercado español, mientras que en la actualidad es inferior al 9%. "Antes se basaban en la aceptación voluntaria y la compensación" al promotor y, señaló que ahora, esto ya no es así.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, José López Rejas, negó que exista una crisis inmobiliaria y que haya una falta de demanda, y puntualizó que lo que hay "es una crisis de liquidez en las entidades de crédito".
En la Región de Murcia, López Rejas aseguró que hay gestionándose proyectos para 120.000 viviendas para los próximos años, además de los que se realizarán vía convenio, y apostó por casas de menor tamaño para poder ajustar el precio a los metros cuadrados de la vivienda.
Antes de la celebración de asamblea general ordinaria de APCE, que se celebra en Murcia, Martí atribuyó esta falta de liquidez "al despertar de China e India, que demandan masas ingentes de recursos para financiar su crecimiento".
Martí explicó que la evolución demográfica española garantiza un mínimo de demanda de 300.000 viviendas anuales, porque "al año se forman unas 200.000 parejas y se rompen la mitad, entonces surge la necesidad de otra casa". "La demanda no ha desaparecido, lo ha hecho la demanda especulativa", apuntó.
En este sentido, explicó que la demanda seguirá existiendo aunque se haya reducido, "porque si los precios han subido el precio especulativo es menor, y por tanto la demanda especulativa se retira y queda sólo una demanda sana".
Igualmente, señaló que el Gobierno central es consciente de que el empleo depende en gran medida de la construcción y de que el sector de la obra pública "absorbe dinero a un ritmo mucho menor que el de la edificación, por lo que no tendrá más remedio que hacer cosas en favor de la vivienda".
"Tendrá que inyectar más liquidez en manos del público y reducir las retenciones por IRPF", opinó, y señaló que "se pierden 2,3 empleos por cada vivienda que se deja de construir".
Por todo ello, el secretario general de APCE consideró que se debería clasificar la vivienda como uno de los problemas "más importantes" de la sociedad española y actuar en consecuencia, al tiempo que criticó que "la lentitud" de las tramitaciones está amparada en la "impunidad". "Una administración pública no respeta los plazos y no le pasa nada, eso no puede ser", subrayó.
Respecto a las Viviendas de Protección Oficial (VPO), Martí aseguró que "si el precio da para hacerlas, se harán", porque los constructores saben "que una buena parte del mercado demanda viviendas más baratas". No obstante, precisó que las VPO tienen que cumplir toda la reglamentación que las libres "y eso cuesta mucho dinero".
"El propietario de una vivienda con código técnico amortiza su casa en unos ocho años, pero en VPO el precio está limitado y el que soporta los costes es el constructor y el que los amortiza es el comprador", señaló.
Además, apuntó que en 1986 el porcentaje de estas viviendas era de más del 62% de la cuota de mercado español, mientras que en la actualidad es inferior al 9%. "Antes se basaban en la aceptación voluntaria y la compensación" al promotor y, señaló que ahora, esto ya no es así.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, José López Rejas, negó que exista una crisis inmobiliaria y que haya una falta de demanda, y puntualizó que lo que hay "es una crisis de liquidez en las entidades de crédito".
En la Región de Murcia, López Rejas aseguró que hay gestionándose proyectos para 120.000 viviendas para los próximos años, además de los que se realizarán vía convenio, y apostó por casas de menor tamaño para poder ajustar el precio a los metros cuadrados de la vivienda.
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