Murcia hoy dota de razón al anuncio de los Situacionistas en el París de 1961: el urbanismo contemporáneo debe someterse a la lupa del criminólogo y del penalista.
Lo que estamos conociendo de muchos municipios murcianos desmiente el supuesto 'carácter aislado' de tal o cual caso de corrupción, como argumentan defensivamente desde el Gobierno regional de Ramón Luis Valcarcel. No son hechos aislados, pues no son únicamente individuos los materiales que componen la corrupción urbanística.
El enfoque individualista debe dar paso a una sociología de la corrupción urbanística, como nos proponía recientemente el Foro Ciudadano en un debate sobre la cuestión, en la cual tal fenómeno quede definido como una acción socialmente estructurada e institucionalmente construida.
En los casos de corrupción que conocemos, una apreciación salta inmediatamente a la vista. Hay en todos ellos una precisa división social del trabajo en la cual una variopinta gama de agentes con funciones socialmente definidas ha requerido movilizarse para el ejercicio de la corruptela: alcaldes y concejales recalificadores; promotores y propietarios; periodistas locales que silencian; entidades financieras prestamistas o 'limpiadoras'; notarios y registradores de la propiedad, arquitectos municipales, jefes de la Policía Local, etc.
Es decir, auténticas tramas, o mejor dicho redes con papeles y funciones bien delimitadas, y que cruzan de arriba abajo el espacio social.Redes que tienen una historia, y además una larga historia en el tiempo. En esas redes duraderas los individuos se suceden, pero las posiciones y las funciones permanecen. Los individuos son contingentes, pero la división social del trabajo es necesaria. Es interesante reconstruir la historia de vida de estas redes: ¿cómo y dónde empezó todo? ¿cómo se constituyó? ¿cuál es la trayectoria familiar y profesional de cada uno de los implicados?
El caso Fabra en Castellón es emblemático: se trata de una auténtica dinastía familiar que lleva sucediéndose en la Diputación de Castellón desde que Victorino Fabra Gil fallecía en 1907 siendo presidente. Su actual sucesor en la familia, el actual presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ha multiplicado su patrimonio personal desde que accedió al poder en 1995, así como sus acciones en Bolsa.
La Agencia Tributaria ha detectado 600.000 euros no justificados por Fabra. 26 asesores nombrados a dedo (y 700.000 euros destinados a pagarles en sueldos), gastos en 2003 de 165.00 euros en comidas y 26.000 en entradas para los toros.Comidas y entradas para los toros: normalmente los miembros de la red de corrupción tienen una intensa vida social. Es así como se forman las clientelas y simpatías sociales.
Estos días leemos las divulgadas mediáticamente conversaciones telefónicas relacionadas con las alcaldías de Fuente Álamo y Torre Pacheco. Muy relevantes de lo que es la Murcia de hoy la reacción del candidato número dos de la lista del PP al Congreso por Murcia, Vicente Martínez-Pujalte: "Los vecinos de Torre Pacheco y Fuente Álamo volverán a votar al PP" (La Opinión, 5/II/2008).
Impresiona esta certeza. Pero sabemos que en toda red corrupta hay un mecanismo de usurpación del poder público, poniendo el capital político al servicio del interés privado; y un mecanismo de redistribución social del beneficio, el cual suele amortizarse con el respaldo del voto de los electores.Álvarez Junco denominó a la corrupción "la política en la penumbra".
Cuando se crean y arraigan espacios de opacidad dentro del sistema democrático, la democracia se torna inviable. La dinámica de SICILIANIZACIÓN de Murcia nos lleva por derroteros de perversión de la democracia, impidiendo cualquier proyecto de región social y ambientalmente sostenible.
Me parece que para entender la sociología de la corrupción urbanística hoy es interesante establecer un paralelismo con el fenómeno del caciquismo decimonónico de la Restauración: "Cacique es la persona que ejerce el poder político en una localidad, estando vinculado formalmente, a través de un partido político, a un oligarca, informalmente a la autoridad, y que tiene a las personas o grupos sobre los que ejerce el poder en situación de clientela" (Juan del Pino Artacho, 1972).
Sustitúyase en este párrafo el término 'cacique' por el de 'corrupto', y tendremos una perfecta definición sociológica de la corrupción entendida como, en primer lugar, una estructura o estrategia de poder de apropiación de capital político. En segundo lugar, una estructura o estrategia de poder político conectada con las relaciones oligárquicas de propiedad del suelo. En tercer lugar, un sistema de utilización del poder político por parte de los que usurpan oligárquicamente la propiedad de la tierra. Y finalmente, un sistema que enraíza en la comunidad local a través de estructuras clientelares.
*Andrés Pedreño es profesor de Sociología de la Universidad de Murcia.
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